La inusitada virulencia del conflicto entre el Gobierno nacional y las provincias construye un conflicto de características únicas en la historia de nuestro país como Estado nacional que socava los cimientos territoriales y federales sobre los que se asienta el país, además de emular a algunos Estados con pugnas similares a su interior como ser España o el Reino Unido. La controversia se origina en una deuda contraída por la Provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que depende de la Nación. Chubut solicitó refinanciarla, pero el Gobierno nacional la descontó de la coparticipación. Esto provocó un comunicado conjunto con la totalidad de las provincias patagónicas titulado: “Las provincias unidas del sur”. Los principales puntos que emergen hacen alusión al respeto que se merecen las provincias al ser preexistentes a la Nación, siendo esta naturaleza suficiente para no ser objeto de amenaza y extorsión en cuanto a restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio. También resalta que los gobernadores no son empleados públicos del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a sus órdenes además de tildar como represalia la retención de 13.500 millones de pesos que le pertenece a la provincia.
Ante este bagaje de acontecimientos, es de suma transcendencia prestar atención a la frase: “Las provincias unidas del sur”. Esto instala un acontecimiento inédito en la historia de la Argentina como Estado soberano y nacional, la posible secesión de estas jurisdicciones políticas y territoriales. Secesión, según González Napolitano es: la separación de una parte del territorio de un Estado por su población con el propósito de crear un Estado independiente o someterse a otro ya existente. Este episodio es similar a los acaecidos en Cataluña y su decisión de independencia en 2017 de España, y Escocia con respecto al Reino Unido en 2014.
Este inédito escenario de crisis producto del autoritarismo pueril e ideológico establecido por el presidente Javier Milei, indubitablemente debilita la estructura soberana del Estado argentino, especialmente en su forma de Gobierno representativa, republicana y federal. Pero Argentina al ser un país independiente y soberano lo ampara un principio básico del Derecho Internacional: el de integridad territorial. La resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU en su párrafo 6 señala: “Todo intento encaminado a quebrar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.
Argentina es un Estado íntegro, con 24 jurisdicciones. Es comprensible, legítima y legal la posición de los gobernadores, el Ejecutivo Nacional está sesgado por su ideología antipatria, pero la unidad nacional está por encima. Pero esta división desgasta al país en su relación con sus pares en las relaciones internacionales. Argentina es diverso y rico en recursos naturales codiciados por las potencias, no es necesario escalar en el conflicto. El Congreso y la Justicia son los espacios que la República establece para un correcto y equilibrado ejercicio del poder público que el presidente Milei desconoce y aborrece.
