Habitualmente, cuando se habla de situaciones de vulnerabilidad, pobreza y violencia, inmediatamente se acude la educación como la solución más acertada y elemental a estas problemáticas.
El proceso educativo se configura así, al menos discursivamente, como uno de los derechos más básicos de los niños y niñas. Podemos decir que existe un consenso generalizado social e institucionalmente acerca de los beneficios que genera la inclusión educativa. Sin embargo, en nuestro país, según datos oficiales del Censo 2010, existen 1.149.009 niños, niñas y adolescentes que no asisten a clases.
Es claro que el nivel educativo alcanzado tiene influencia directa y significativa en la situación económica, personal y profesional de cada persona. El ejercicio del derecho a la educación es además la base para el acceso a otros derechos.
La educación de calidad es, indudablemente, uno de los pocos motores potentes y efectivos para terminar con los círculos de violencia y exclusión que afectan a millones de niños en nuestro país.
Por eso mismo urge la pregunta acerca de esta vulneración, ¿dónde están los niños y niñas que no pueden ejercer su derecho básico a una educación de calidad?, ¿por qué no asisten a clases? y aún más importante ¿dónde están los responsables de velar porque acudan a ellas?
Según datos del Fondo para la Infancia de Naciones Unidas de 2012, una gran parte de los niños que no asisten a clases lo hacen por tener que trabajar a temprana edad, otro gran porcentaje lo hace por motivo de embarazo en la adolescencia o incluso por falta de vacantes.
La educación es responsabilidad de las familias y del Estado, como principales garantes del cumplimiento de este derecho. Son los organismos del Estado, la familia y la sociedad quienes deben asegurarles a los niños/as y adolescentes el pleno desarrollo de sus potencialidades, así como el goce de una vida plena y digna; habilidades todas que se desarrollan a partir del ejercicio del derecho a la educación.
Existe un consenso internacional en relación a la importancia de que todos los niños y niñas tengan acceso a una educación de calidad en tanto posibilidad de desarrollo personal económico, social y cultural de todas las comunidades.
Durante muchos años, Argentina tuvo una alta tasa de escolaridad, llegando a establecer la obligatoriedad hasta el nivel secundario inclusive, diferenciándose positivamente de la mayoría de los países de la región. Más allá de este importante proceso, en los últimos años hemos asistido a un deterioro de la educación pública que resulta notorio. Aprender no depende únicamente de la asistencia a clases. Es fundamental, pero no suficiente.
El entorno y las condiciones en que se ejerce el derecho a la educación hacen la diferencia. Aulas superpobladas, magros salarios docentes, deterioro de las condiciones edilicias e insuficiencia de elementos básicos para la enseñanza, sumado a la calidad de los contenidos curriculares, constituyen claros indicadores de vulneración del derecho a la educación más allá de la gratuidad y, en el mejor de los casos, el ingreso irrestricto.
El guardapolvo blanco en docentes y niños/as que durante muchos años fue indicador de prestigio social para los adultos y emblema de igualdad en las aulas para los niños y niñas, ha quedado menospreciado en relación al colorido uniforme de los institutos privados que han incrementado sus matrículas a partir del interés de muchas familias que buscan en la educación privada la posibilidad de brindar a sus hijos una educación de mejor calidad.
Este proceso ha llevado a que la educación pública pierda su capacidad como instrumento de movilización social para, en algunos casos, sostener y expandir la inequidad social.
La calidad cuenta. Así como la comunidad educativa, las familias y la comunidad en su conjunto son socios fundamentales en el proceso de aprendizaje, el Estado es el garante de ese derecho. Exigir una educación pública de calidad nos interpela como sociedad, por eso es necesario que todos nos comprometamos con la problemática.
La educación es una de las mejores herramientas para lograr un pleno desarrollo del potencial humano y es la única capaz de acortar la brecha entre quienes acceden a un entorno que favorezca e impulse su pleno desarrollo personal y quienes no.
Como organización dedicada a la protección integral de los niños y niñas, procuramos la restitución de los derechos vulnerados y abogamos por ellos. Desde este lugar, promover la participación ciudadana es fundamental no sólo para que quienes podemos ser parte de la solución construyamos el camino hacia ella, sino también para contribuir con las generaciones venideras.
