Mientras los femicidios se mantienen en niveles alarmantes, el presupuesto destinado a programas de asistencia, refugios, capacitación y Justicia con perspectiva de género se contrajo de manera drástica durante 2024–2025.
El resultado es una crisis explosiva: más riesgo, menos protección.
Un país con un femicidio cada 29 a 34 horas
Según el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, durante 2024 se registró un femicidio cada 34 horas en Argentina.
El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia (CSJN) mostró tendencias similares: en 2023 hubo 250 víctimas directas e indirectas, y las cifras preliminares de 2024 indican que el número no disminuyó.
A pesar de la estabilidad en los niveles de violencia letal, el sistema que contenía, prevenía o intervenía a tiempo se achicó.
El recorte de recursos: qué áreas se desmantelaron
Entre 2024 y 2025 se verificaron recortes presupuestarios sin precedentes en áreas clave:
• Desfinanciamiento del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad
Su presupuesto cayó más del 60% en términos reales.
Programas como Acompañar, que brindaba apoyo económico y acompañamiento psicosocial a mujeres en situación de violencia, sufrieron demoras, recortes y menor cobertura.
• Cierre o debilitamiento de dispositivos territoriales
Muchos Centros de Atención Integral (CAI) redujeron horarios o suspendieron profesionales.
Programas provinciales y municipales dependen cada vez más de voluntarismo y ONG.
• Refugios al límite
Organizaciones como la Red de Casas de Protección advirtieron que varios refugios dejaron de recibir subsidios para alimentos, higiene o seguridad; funcionan con dotaciones mínimas o no tienen recursos para recibir nuevos casos urgentes.
• Capacitación y protocolos: suspendidos
La Ley Micaela, que exige capacitación obligatoria en género para funcionarios, quedó prácticamente paralizada en muchos distritos por falta de financiamiento.
La cadena de riesgo: qué pasa cuando se reduce el Estado
La reducción de recursos produce un efecto inmediato y cuantificable:
1. Menos denuncias formales
Muchas víctimas, sin contención previa, no llegan a denunciar, o lo hacen cuando están en mayor riesgo.
2. Demoras en medidas de protección
Los juzgados reciben más casos, pero con menos estructura: Botones antipánico sin mantenimiento, tobilleras electrónicas insuficientes y demoras en restricciones perimetrales.
3. Mayor exposición a la violencia letal
Cuando no hay redes de apoyo, las mujeres continúan viviendo con el agresor; muchas, la mayoría, dependen económicamente de él y no tienen a dónde ir en una emergencia.
Historias que ilustran el colapso
Cada femicidio expone fallas repetidas:
• Medidas judiciales que no se cumplen
La mayoría de los agresores que cometieron femicidios durante 2024 tenían denuncias previas.
• Víctimas sin autonomía económica
El recorte del programa Acompañar dejó sin sostén a miles de mujeres que dependían de ese ingreso para poder irse de sus hogares.
• Sistemas de alerta saturados
El 144 reportó esperas más largas y menor disponibilidad de psicólogas especializadas.
Datos clave de la crisis (2024–2025)
- 1 femicidio cada 29–34 horas.
- 7 de cada 10 víctimas conocían al agresor.
- 60% de las mujeres asesinadas habían denunciado antes o tenían medidas judiciales.
- Recorte estimado: –55% a –70% en políticas nacionales de género.
- Programas provinciales sostienen su funcionamiento “al mínimo indispensable”.
Por qué la violencia crece cuando el presupuesto baja
Los estudios del PNUD, ONU Mujeres y la EAAF coinciden en que invertir en prevención reduce la violencia letal.
Cuando el Estado se retira:
Se corta la cadena preventiva (acompañamiento psicológico, derivaciones, refugios).
La justicia pierde herramientas de seguimiento y control.
Las mujeres vuelven al círculo de violencia por falta de alternativas económicas.
Qué se necesita para revertir la tendencia
Especialistas de la Red de Investigadoras Feministas (RIF), el CELS y UNICEF plantean:
➤ 1. Restaurar financiamiento a programas esenciales
Acompañar, refugios, áreas de género municipales.
➤ 2. Tecnología y seguimiento real
Tobilleras, geolocalización, control activo de agresores reincidentes.
➤ 3. Justicia más rápida y especializada
Equipos interdisciplinarios permanentes.
➤ 4. Educación y capacitación estable
Retomar Ley Micaela a niveles previos.
➤ 5. Autonomía económica para las víctimas
Sin un ingreso propio, la salida es casi imposible.
Argentina enfrenta un momento crítico: los femicidios no disminuyen, pero el Estado sí.
La violencia de género no es un problema que pueda resolver la familia, el mercado o la voluntad individual: requiere políticas públicas sostenidas, continuas y financiadas.
Recortar recursos en medio de una crisis de violencia es una sentencia indirecta, que impacta tanto como el agresor:
Cuando el sistema falla, las mujeres quedan solas.
Fuentes consultadas
Registro Nacional de Femicidios – Corte Suprema de Justicia de la Nación (2023–2024)
Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven – Informes 2024
La Casa del Encuentro – Registro 2024
PNUD y ONU Mujeres – Estudios sobre inversión en prevención
Informes parlamentarios sobre presupuesto 2024–2025.
Red de Casas de Protección y Refugio – Reportes internos
CELS – Análisis presupuestario 2024
