Hay una pregunta que sobrevuela el escándalo que envuelve a Manuel Adorni y que, curiosamente, nadie en el oficialismo parece dispuesto a responder: ¿qué estaría ocurriendo hoy si semejantes declaraciones las hubiera realizado un funcionario kirchnerista?
La pregunta no es menor. Porque durante años la política argentina estuvo atravesada por una idea sencilla: frente a cualquier sospecha de inconsistencia patrimonial, la exigencia debía ser máxima. El propio espacio que hoy gobierna construyó buena parte de su identidad pública sobre esa premisa.
Sin embargo, cuando el protagonista es uno de los hombres más cercanos a Javier Milei, las reglas parecen haber cambiado.
Adorni sostuvo durante meses que todo lo que debía estar declarado estaba declarado. Lo afirmó en conferencias de prensa y también ante el Congreso. Luego llegó la explicación que nadie esperaba: reconoció que junto a su esposa había mantenido durante años ahorros no declarados, al punto de admitir que habían "ahorrado en negro, como la mayoría de los argentinos". También explicó que una parte importante de su patrimonio provenía de inversiones en criptomonedas realizadas años atrás.
Más allá de la eventual legalidad de las regularizaciones posteriores, la cuestión central es otra: ¿cómo puede compatibilizarse esa admisión con las afirmaciones previas según las cuales no existía nada sin declarar?
Y aquí aparece el doble estándar.
Durante semanas se transmitieron horas y horas de televisión mostrando excavaciones en la Patagonia. Se buscó dinero enterrado. Se construyeron teorías, documentales, programas especiales y coberturas permanentes. El país asistió a una verdadera fiebre mediática en torno a presuntas fortunas ocultas. No se encontró aquello que se prometía encontrar, pero la sospecha quedó instalada.
Ahora imaginemos por un momento el escenario inverso.
Supongamos que un jefe de Gabinete kirchnerista hubiera dicho que tenía más de medio millón de dólares que no figuraban en sus declaraciones. Supongamos que hubiera explicado que los mantuvo fuera del radar estatal porque era la forma de escapar de la política tradicional. Supongamos, incluso, que años antes se hubiera mostrado públicamente reclamando a una empresa alimenticia por un paquete de salchichas defectuoso, proyectando una imagen de ciudadano común, mientras después aparecía una fortuna de semejante magnitud.
¿Alguien cree seriamente que la reacción habría sido la misma?
¿Alguien imagina a los principales dirigentes opositores relativizando el asunto? ¿A los programas políticos hablando de una simple "desprolijidad administrativa"? ¿A los grandes referentes mediáticos pidiendo prudencia y esperando explicaciones?
La respuesta parece obvia.
Lo más llamativo, sin embargo, no es Adorni. Lo verdaderamente sorprendente es el silencio (o peor aun, el apoyo) de quienes construyeron su capital político denunciando exactamente este tipo de situaciones.
Javier Milei no llegó al poder prometiendo ser un político más. Llegó prometiendo ser distinto. Karina Milei no construyó su influencia interna sobre la base de la tolerancia frente a las contradicciones. Santiago Caputo tampoco edificó su estrategia comunicacional reivindicando la flexibilidad moral.
Y, sin embargo, aquí están.
Respaldando a un funcionario que pasó de afirmar que todo estaba declarado a reconocer la existencia de cientos de miles de dólares que no figuraban en sus presentaciones patrimoniales.
La Argentina tiene una larga tradición de fanatismos políticos. Cada espacio suele exigir transparencia absoluta cuando gobiernan los otros y comprensión infinita cuando gobiernan los propios.
Quizás el caso Adorni sea simplemente otro capítulo de esa historia.
Pero precisamente porque este gobierno llegó prometiendo romper con esa lógica, el episodio resulta más grave. No porque involucre una suma determinada de dinero. No porque exista una investigación judicial en curso. Sino porque pone en discusión algo más profundo: la coherencia.
Después de todo, la vara moral no sirve de mucho si solo se utiliza para medir a los adversarios.
La verdadera prueba de una convicción ética aparece cuando el cuestionado es alguien de los propios.
Y hasta ahora, en el caso Adorni, el Gobierno parece haber elegido mirar para otro lado.
