La principal cámara de supermercados insistió con su reclamo contra el aumento salarial acordado por la federación de empleados comercio (Faecys) y las cámaras patronales de la actividad y advirtió que, de prosperar ese ajuste, realizarán un traslado a los precios de los productos que ofrecen en sus góndolas en torno del 5 por ciento. La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) se plegó abiertamente así a la estrategia delineada por el ministro de Economía, Luis Caputo, artífice en el Gobierno del bloqueo a cualquier suba salarial superior a la línea del 1% mensual. El conflicto mantiene en vilo a 1,2 millón de empleados de comercio y, en particular, a unos 120 mil que trabajan en las grandes superficies.
La entidad, que nuclea a varias de las principales cadenas del rubro (Coto, Walmart, Jumbo, La Anónima, entre otras) envió una carta a la Secretaría de Trabajo, a la que tuvo acceso El Destape, en la que advierte que la suba resuelta entre Faecys y las cámaras CAC, CAME y Udeca, es “incompatible con la política antiinflacionaria que tan denodadamente lleva adelante el Gobierno nacional”. Los supermercadistas alegaron que el aumento de 5,4% para el trimestre abril-junio trepa a 9,6% por la incorporación de sumas fijas no remunerativas. Si bien fueron los primeros en rechazarlo y en pactar un método de resistencia con Caputo, que incluyó la no homologación de la paritaria, resolvieron pagar “como adelanto” 50 mil pesos extra con los sueldos de abril para evitar una confrontación con el gremio.
“La incidencia del componente salarial supera el 50% del costo operativo de una cadena de supermercados con lo que, inevitablemente, de tener que soportar un incremento de aquella magnitud, la contención de los precios, tal como se ha venido dando hasta ahora, va a resultar imposible generando un indeseado impacto inflacionario”, apuntó ASU en una nota con la firma de su director ejecutivo, Juan Vasco Martínez. De paso exhortó a la cartera laboral a dar cumplimiento al comunicado del Ministerio de Capital Humano del 9 de mayo en el que se anuncia una inminente convocatoria a las partes para renegociar los términos del acuerdo. Como este medio anticipó, pasadas casi tres semanas esa audiencia nunca fue llamada.
“Solicitamos a la Secretaría de Trabajo a que exhorte a las entidades paritarias a recomponer el acuerdo de forma que el mismo acompañe el combate contra la inflación, que no es otra cosa que la preservación del interés general que trasciende los acuerdos particulares”, añade la nota. Más allá de la disputa entre el Gobierno y el sindicato que lidera Armando Cavalieri, la tensión puso en la superficie la interna entre la mayor cámara empresaria de la actividad, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), y los supermercadistas, que no integran de manera formal la paritaria.
La nota está fechada el 14 de mayo y está en sintonía con otra enviada el día anterior por la cámara de supermercados mayoristas (Casma). En ese documento los mayoristas advierten que el acuerdo paritario (del que tampoco fueron partícipes) “atenta directamente contra la política definida por el Gobierno de no homologar paritarias que superen el 1% mensual, que tiene como objetivo terminar con la inflación en Argentina”. “Considerando que la incidencia del costo laboral en nuestra actividad constituye más del 50% del costo operativo, torna imposible absorber dicho aumento salarial y nos obliga a trasladarlo a los precios de venta y de esta forma terminar con el esfuerzo en materia de precios que venimos llevando adelante en los últimos meses”, amenazan los empresarios.
Esta semana los supermercadistas deberán definir su postura frente a los sueldos de mayo. En el sector avisaron que lo más probable será liquidarlos una vez más con una suma no remunerativa similar a la de abril ($ 50 mil para los trabajadores de jornada completa y proporcional para los de menos horas) en concepto de “adelanto” y con el argumento de que a falta de homologación de Trabajo, el acuerdo no tiene vigor de ley.
Con información de El Destape
