Frente al desfinanciamiento universitario establecido por el presidente Javier Milei, este miércoles 28 de mayo entró a la Cámara de Diputados un proyecto de financiamiento realizado por representantes del sector docente, nodocente, estudiantil y de las autoridades universitarias. Las universidades proponen elevar el presupuesto destinado a la educación universitaria "progresivamente hasta alcanzar, en el 2031, como mínimo, una participación del 1,5 % de la participación del Producto Bruto Interno (PBI) en cada año".
Luego de reuniones entre las universidades y los diputados y senadores, legisladores de Unión por la Patria (UP), el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U), un sector del radicalismo y otra parte de Encuentro Federal, los diversos sectores terminaron de escribir la iniciativa legislativa.
Ejecutivo a convocar a paritarias a los gremios docente y nodocente del sector. Frentes sindicales le apuntaron a El Destape que desde agosto del año pasado "no existen reuniones paritarias" y que "desde que asumió el gobierno de Milei ningún sindicato docente firmo un acuerdo paritario". En consecuencia, desde hace 18 meses que los aumentos fueron unilaterales. Asimismo, se encomienda a "garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento" de las mismas.
Ante ello, en el proyecto se establece en el artículo 6 que haya una asignación específica de la recaudación impositiva nacional que se destine al sistema universitario y que la actualización de la misma sea acorde a los índices de inflación, así como para la las paritarias.
Proyecto de Ley Financiamiento Universitario: cuáles son los principales puntos de la iniciativa
El texto de la iniciativa indica que "la educación universitaria pública en Argentina ha sido, históricamente, un pilar fundamental para el desarrollo social, económico y cultural del país". En este sentido, el presente proyecto de ley está motivado "en el reconocimiento de la educación y, en este caso, a la educación universitaria, como un derecho humano universal y bien público y social, en el que su acceso equitativo y su calidad son esenciales para garantizar la movilidad social ascendente y la construcción de una sociedad más justa y democrática".
Asimismo, sostiene que la Constitución Nacional establece, en su artículo 75, inciso 19, que al Congreso le corresponde "sancionar leyes que garanticen la equidad de la educación pública estatal y la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales". A su vez, la Ley de Educación Nacional N° 26.206 "define a la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado".
De esta manera, busca recomponer los salarios docentes y nodocentes de las universidades nacionales, garantizando la recuperación del poder adquisitivo, tomando como base la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la posible ley.
Además, propone aumentar la inversión en la educación universitaria pública, sin afectar las cuentas del Estado. "Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable, y deberá asegurarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente", indica el texto de la iniciativa.
En tanto, plantea la creación de un fondo actualizable anualmente de diez mil millones de pesos dirigidos a promover carreras con vacancia esenciales para el desarrollo del país, como así también para áreas de conocimiento relacionadas a la Inteligencia Artificial (IA). Con el foco puesto en el sostenimiento del financiamiento, también plantea el incremento progresivo del presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI para 2031.
Respecto de las becas a estudiantes, establece una ampliación anual y progresiva del monto destinado al financiamiento de becas universitarias. En tanto, el proyecto busca garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas correspondientes a las actividades presupuestarias: “Asistencia financiera para el funcionamiento universitario”, "Asistencia financiera a hospitales universitarios”, “Fortalecimiento de la ciencia y la técnica en las universidades” y "Fortalecimiento de la actividad de extensión universitaria”, entre otros.
El ajuste en Educación
La motosierra del presidente Milei provocó un desguace en el sistema educativo: las universidades cerraron el 2024 con un recorte del presupuesto del 30% y los salarios reales de los docentes con una caída del 23% respecto a diciembre de 2023. Los datos fueron publicados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Esta situación se agravó luego de la decisión del Gobierno nacional de prorrogar el presupuesto del 2023. El recorte presupuestario a la educación fue denunciado durante todo el 2024 por la comunidad, que logró movilizar amplias porciones de la sociedad. En abril y octubre, se realizaron dos marchas federales universitarias en defensa de la educación pública, la ciencia y el sistema universitario nacional.
Las movilizaciones se profundizaron luego de que el jefe de Estado vetara la Ley de Financiamiento Universitaria, tras la aprobación en el Congreso en septiembre pasado. Aliados del PRO y del radicalismo de la Cámara Baja fueron claves para ratificar el veto. En este marco, el plan de lucha se mantiene en este 2025, con protestas y medidas de fuerza contundentes se replican a nivel nacional.
El pasado jueves, todos los sectores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) marcharon desde la Plaza Houssay hasta el Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación. La movilización surgió por iniciativa de Apuba, que nuclea a los trabajadores nodocentes de la UBA; luego se adhirieron Aduba, que es la representación de los docentes de Fedun dentro de la UBA; Feduba, representación de Conadu dentro de la UBA, y AGD, representación de Conadu Histórica en la UBA.
El mismo día que se anunció la movilización de todos los sectores de la UBA, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sacó un comunicado, en el que denunció: "La crisis del sistema científico es grave y profunda. La falta de recursos para la investigación no solo limita la capacidad de las universidades para generar avances científicos, sino que, también, debilita la formación profesional. Laboratorios desactualizados, menos becas para jóvenes investigadoras e investigadores y la fuga de talentos son algunas de las consecuencias inmediatas de este recorte en el financiamiento. A largo plazo, esto repercute en la capacidad del país para competir internacionalmente, desarrollar tecnología propia y responder a desafíos globales con soluciones innovadoras". El CIN nuclea a los rectores de todas las universidades nacionales, afectadas por el ajuste de Milei.
El secretario adjunto del sindicato de nodocentes Fatun, Jorge Anró, explicó a El Destape que el principal reclamo es el salarial, ya que los trabajadores docentes y nodocentes tienen en sus salarios "un desfasaje superior al 70%" desde que el libertario asumió la Presidencia. "Este año, para colmo, mes por mes los acuerdos unilaterales que dio el Gobierno estuvieron por debajo de la inflación", continuó y ejemplificó: "En marzo la inflacion fue 3,7% y el aumento fue 1,3%".
"Los programas de ciencia, tecnología, investigación y extensión universitaria están todos frenados", remarcó Anró al explicar los otros motivos de la marcha y la profundización de las medidas de fuerza. "Las becas estudiantilies están congeladas desde 2023", dijo, antes de considerar que son "una migaja".
