Juan Manuel Valdés
Infobae
La revista Forbes dio a conocer la semana pasada el ránking de las 50 mayores fortunas de la Argentina. Sumadas reúnen unos 70 mil millones de dólares, casi un 10% del Producto Bruto argentino. Solo 7 son mujeres, en una muestra más del patriarcado imperante en los lugares de decisión. 22 de ellos (casi la mitad) se enriqueció por contratos millonarios con el Estado, privatizaciones de sectores monopólicos y estratégicos (servicios públicos, energía, recursos naturales, acero o aluminio). A su vez 28 heredaron el patrimonio de sus antepasados. Verdaderos meritócratas.
Diversos cálculos señalan que existen alrededor de 500 mil millones de dólares salidos de la economía argentina en el exterior, casi un PBI fugado con guante blanco. Argentina es un país en el que se fuga más de lo que se produce. Este hecho luego se traduce en menos recursos para hospitales, escuelas o universidades, producción nacional y la continua devaluación del peso.
Hace tres años somos espectadores de un debate en el que sabemos que ya perdimos gane quien gane: gradualismo vs. shock. Pueden discutirse los modos del ajuste, pero nunca su dirección. Es cierto que la Argentina padece de déficit tanto fiscal como de balanza de pagos. Pero los voceros del pensamiento único sólo nos ofrecen una receta: achicar el gasto pero nunca aumentar los ingresos.
Se repite a diario el concepto zombie de que para reducir la pobreza es necesario achicar el Estado, cuando cualquier evidencia en el mundo muestra que solo el sector público puede compensar los desequilibrios del mercado como la concentración económica y la falta de oportunidades. Lo hace de diversos modos, con salud y educación pública, jubilaciones, asignaciones familiares y subsidios al consumo. Si uno achica ese gasto sólo naturaliza las desigualdades al mismo tiempo que destruye el mercado interno y el empleo.
La “falta de confianza” del mundo inversor no es otro leitmotiv que sirve para justificar lo mismo: darle plata a los ricos, que ellos la van a invertir mejor que el Estado. Así es como se redujo al borde de la extinción el único impuesto que grava la riqueza (bienes personales), como también redujeron la tasa para las ganancias para las empresas, las retenciones a las exportaciones de las mineras y agroexportadoras mientras se las beneficiaba con una espectacular devaluación. Ninguna de estas políticas generó trabajo ni fomentó nuevas inversiones.
Por citar un ejemplo, según varios especialistas la baja de retenciones se estima en cuatro mil millones de dólares desde la llegada de Cambiemos, al tiempo que “el campo” sólo generó 4 mil empleos de acuerdo a cifras del Ministerio de Trabajo. Los argentinos estaríamos pagando mil millones de dólares por cada empleo generado. Vaya subsidio.
En la actual cruzada por el Estado mínimo, se machaca falazmente con la enorme preocupación por el 30% de argentinos que viven en la pobreza, lejos de naturalizar el ajuste debería llevarnos a cuestionar la concentración de la riqueza ¿Por qué hay que pasar frío en el conurbano para que los ricos tengan cada vez que tributar menos en sus obligaciones?
No es posible combatir la pobreza con un Estado que favorece la concentración de la riqueza. Macri dice que en la Argentina todos debemos acostumbrarnos a ceder un poco.
¿Deben ceder lo mismo un jubilado que cobra la mínima y el dueño de una minera? Es tiempo de exigir más a los que más pueden. Después de todo son ellos quienes declaran mansiones como si fueran baldíos, esconden su dinero hacia paraísos fiscales, blanquean, especulan con la moneda y devalúan el poder adquisitivo de la mayoría.
Debemos rediscutir el concepto de meritocracia. Las herencias no pagan tributo, contamos con un comercio exterior cartelizado entre unos pocos factores transnacionales que envían sus remesas al exterior,con bancos a los que nadie les exige financiar la producción nacional. Todos estos recursos pueden ser volcados a una real política eliminación de la pobreza.
