El peronismo y varios líderes sindicales sospechan que el Gobierno no tiene “tan” congelada la reforma laboral, como dicen sus voceros.
El tema fue motivo de análisis entre otras charlas, en la que mantuvieron esta semana el jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Pichetto, con el líder renovador Sergio Massa, en el despacho del primero. No fue desde ya “el punto” de la reunión, más orientada a hablar de los problemas a futuro de un peronismo claramente dividido entre la “ortodoxia” y Cristina Kirchner, y cuál es la alquimia —nadie la sabe— para generar una opción peronista que deje afuera a la exmandataria y tenga chances de volver al poder en 2019.
Pero la reforma sigue siendo gran objetivo de la Casa Rosada y no se puede dejar de ver un comienzo de año plagado de noticias que revelan los lazos de los sindicalistas con el delito y el crimen organizado. Para empezar, el caso Balcedo, de un nivel de ostentación pocas veces visto, con fincas de película en el Uruguay y zoológico exótico propio a lo Pablo Escobar Gaviria.
Pero la artillería cae también sobre otros sectores: la detención de miembros de la Uocra en Bahía Blanca que habían sido denunciados por la gobernadora Vidal; la investigación por presunto lavado de dinero sobre Hugo Moyano y el clan que encabeza el líder camionero.
Causas todas estas, más que dignas de investigación, y aunque hay que separar una cosa de la otra, no dejan de sugerir para muchos un camino de “disciplinamiento” para el sector que se opone al cambio laboral pregonado para el Gobierno.
Luis Barrionuevo expuso con su brutalidad habitual esta línea de pensamiento, al amenazar que “De la Rúa y Alfonsín atacaron a los sindicatos y no terminaron sus mandatos”.
Como sea resulta improbable que la CGT, más dividida que nunca, logre consenso para apoyar la reforma laboral. Y sin la CGT el PJ no levantará la mano en el Congreso. Una idea que surgió a fines de año fue separarla en varios proyectos, pero el Gobierno lo descartó porque “van a aprobar lo que les conviene (como el blanqueo laboral) y patear lo otro”.
El influyente senador Pichetto ya avisó que no hay tal “urgencia” como pregona el Gobierno para tratarla en extraordinarias, y no cerró la puerta a hacerlo desde marzo. Que la Casa Rosada tiene “todos los instrumentos” que precisa para gobernar, dijo. Que no había que caer como en tiempos de Domingo Cavallo, en leyes que son supuestamente “de vida o muerte”.
El Gobierno prefiere que se hable de esto y no de su propio dilema. La inflación superó el 3% en diciembre y en enero no se espera algo mucho mejor.
Voceros oficiales destacan que se bajó de más del 40% en 2016 a 25% en 2017. ¿Pero qué trabajador formal o informal al menos le empató a la inflación con sus aumentos en estos dos años? Y en su objetivo de reducir el déficit fiscal el Gobierno alimenta la inflación que dice querer combatir, habilitando aumentos en naftas y prepagas, sin intervenir ante la remarcación de los alimentos en grandes supermercados y subiendo las tarifas de transporte y de los servicios esenciales.
