Milei se acordó de las personas en situación de calle. Pero no para reforzar su asistencia sino todo lo contrario. El mandatario libertario eliminó este lunes por decreto la ayuda del Estado a las familias que duermen en las calles de las principales ciudades del país.
Así quedó plasmado en el Decreto 373/2025 publicado hoy con las firmas de Milei; el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Allí el gobierno libertario se corrió de su responsabilidad fijada por la Ley 27.654 de asistir a las personas en situación de calle y la delegó en las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Ahora actuará apenas como “órgano rector, a través de la aprobación de directrices y lineamientos generales en la materia” y dejó al Estado nacional apenas un carácter subsidiario y de asistencia a las jurisdicciones locales en caso de ser necesario.
Así, Nación apenas se dedicará a fijar pautas generales y sólo podrá asistir técnica o financieramente cuando las capacidades de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires resulten insuficientes, promoviendo la equidad y coherencia en el abordaje estatal.
De esta manera el gobierno libertario modificó la ley que tenía por objetivo garantizar los derechos de las personas sin techo y de quienes se encuentran en riesgo de perder su vivienda en el país.
A su vez, el Decreto establece que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano será la nueva autoridad de aplicación, con la función coordinar acciones entre jurisdicciones y monitorear el uso de los fondos transferidos en caso de asistencia nacional.
Así cada jurisdicción mantendrá la ejecución directa de las políticas de asistencia, con el Estado nacional encargado apenas de elaborar directrices generales y participar, de manera subsidiaria, en situaciones en que se verifique la falta de recursos técnicos, humanos o económicos en los niveles locales.
Relatores de la ONU se pronunciaron frente al aumento de personas en situación de calle
Relatores especiales de Naciones Unidas enviaron una comunicación (link a documento relatores) al Gobierno argentino donde expresan su “grave preocupación” por las “medidas e intervenciones discriminatorias” que se llevan adelante en la Ciudad de Buenos Aires contra las personas en situación de calle e integrantes de la economía informal. En simultáneo, el CELS, ACIJ y el Ministerio Público de la Defensa de CABA elaboraron el documento “Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires”, que busca aportar datos, análisis y propuestas.
Para el Relator sobre una Vivienda Adecuada, Balakrishan Rajagopal, y el Relator Especial sobre la Pobreza Extrema, Olivier De Schutter, las medidas adoptadas “sugieren un patrón de criminalización” de estas personas, en lugar de abordar sus “problemas socioeconómicos sistémicos proporcionando acceso a una vivienda adecuada, asistencia social, programas de empleo y vías para que los vendedores realicen la transición al mercado laboral formal”. El pedido formal de comunicación ante la ONU había sido presentado por el MPD en 2024.
En relación con la CABA, Rajagopal y De Schutter destacaron que los informes brindados por los organismos muestran que el número de personas en situación de calle creció un 122% desde 2017, mientras que solo entre 2022 y 2024, creció un 55%. A pesar de eso, desde principios de 2024, la respuesta del Gobierno porteño fue lanzar el "Operativo Especial Orden y Limpieza", con desalojos forzosos y confiscación de las pertenencias de las personas sin hogar.
Además, en estos operativos se reportó el uso de la fuerza y la destrucción de objetos personales, incluidos documentos. También se registró un aumento del 2.137% en el labrado de contravenciones contra estas personas y un 500% más de hechos de violencia institucional contra ellas. Muchas de las detenciones realizadas a personas en situación de calle, incluso, fueron anuladas por el Poder Judicial por considerarlas arbitrarias y basadas en prejuicios.
Informe situación de calle: una problemática en aumento, falta de políticas integrales y un fuerte punitivismo por parte del GCBA
El pronunciamiento internacional surge en simultáneo a la elaboración del informe “Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires”, realizado en conjunto por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires (MPD CABA) para aportar datos, estándares de derechos, análisis y propuestas.
Del documento se desprende el aumento de personas en situación de calle, la falta de políticas para abordar esta problemática de forma integral y un fuerte punitivismo por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Sobre el paradigma “Orden y limpieza”, según datos del MPD CABA, las denuncias de violencia institucional ejercida contra personas en situación de calle ascienden a más del doble entre el primer semestre de 2023 y el primer semestre de 2024 (128% de aumento). El 34% de las personas en situación de calle detenidas en 2024 reportan haber sufrido violencia institucional al momento de la detención. Este enfoque ubica a las personas como parte del problema de higiene urbana, los despersonaliza y fortalece la estigmatización del grupo, desconociendo los estándares y garantías fijados por la normativa nacional y local.
Sobre las políticas públicas para atender la emergencia, en el año 2025, las partidas presupuestarias destinadas a programas habitacionales para personas en situación de calle presentaron un aumento del 40,11% en términos reales. Sin embargo, estos programas se siguen orientando fundamentalmente a ofrecer una respuesta de emergencia y transitoria, principalmente a través de un subsidio habitacional, o de una vacante en un Centro de Inclusión Social (CIS), sin resolver otros problemas estructurales.
La problemática de situación de calle debe abordarse desde enfoques no punitivos, respondiendo adecuadamente a las emergencias y abriendo alternativas de solución habitacional definitiva, tal como fue consagrado en la normativa local, nacional e internacional. En el informe elaborado por el CELS, ACIJ y el MPD CABA presentan líneas de acción que incluyen medidas paliativas y programas potencialmente transformadores, sobre las que es necesario profundizar para alcanzar consensos entre los distintos actores que abordan esta problemática.
Con información de Minuto Uno
