La licitación para la concesión de Tecnópolis quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que trascendiera que Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, habría recibido pagos por al menos 55 millones de pesos de parte de Foggia Group, una de las empresas que busca quedarse con la explotación del predio por los próximos 30 años.
Según información publicada por La Política Online, los pagos fueron realizados a la consultora +BE, propiedad de Angeletti. Desde su entorno sostienen que el dinero corresponde a tareas vinculadas con consultoría en recursos humanos.
La controversia surge porque el funcionario nacional tendría intervención en la instancia final del proceso licitatorio, ya que la adjudicación deberá ser refrendada desde la Jefatura de Gabinete. Este escenario generó cuestionamientos y planteos sobre un eventual conflicto de intereses.
Una licitación millonaria bajo la lupa
La concesión de Tecnópolis es considerada una de las más importantes impulsadas por el Gobierno nacional y mueve cifras estimadas en 180.000 millones de pesos.
De acuerdo con la publicación periodística, Foggia Group mantiene vínculos con sectores cercanos al oficialismo. Hasta fines de 2023, una de sus socias era Mara Gorini, actual secretaria de Karina Milei, quien posteriormente transfirió sus acciones a integrantes de su familia.
A fines de 2025, además, el conglomerado empresarial de la familia Werthein, propietaria de DirecTV, tomó el control de la firma e incorporó a hombres de confianza en puestos estratégicos dentro de la compañía.
La empresa compite por la concesión con otra firma vinculada al diario La Nación, en una disputa que podría derivar en presentaciones judiciales.
Buscan evitar una impugnación
Tras conocerse los pagos a la esposa de Adorni, distintos sectores comenzaron a advertir sobre la posibilidad de que la licitación sea cuestionada en los tribunales.
Según la información difundida, en el entorno empresarial existiría preocupación por una eventual impugnación del proceso. Ante ese escenario, se estaría analizando la posibilidad de que la firma final de la adjudicación sea delegada en otro funcionario para evitar cuestionamientos y despejar sospechas sobre la transparencia del procedimiento.
Por el momento, desde el Gobierno nacional no se emitió un pronunciamiento oficial respecto de las revelaciones publicadas ni sobre el futuro de la licitación.
