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Policiales La diligencia estuvo a cargo de la Dra. Luciana Jacobo, representante del Ministerio Público Fiscal

El detenido Ramiro Petros fue indagado y optó por callar ante la fiscal

Alejado de su usual imagen formal, arribó a la fiscalía en "modo playa", vistiendo una remera, pantalón corto y chinelas. Reclamó que no le entregaron sus ropas. En el interrogatorio fue asistido por la Dra. Moira Curi. Seguirá detenido.

Ayer por la mañana, alrededor de las 11:40, el detenido Ramiro Petros fue llevado a la sede del Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero para ser interrogado por la Dra. Luciana Jacobo. Ella está investigando varias denuncias en su contra por los delitos de estafa y amenazas.

El empresario imputado fue trasladado en un vehículo policial desde el Centro Único de Detenidos, donde fue alojado tras ser extraditado desde Buenos Aires por una comisión de la División de Delitos Económicos, luego de ser detenido en el área de Migraciones del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

En "modo playa"

A diferencia de su usual imagen formal, Petros se presentó ante la fiscal Jacobo en "modo playa". Vestía remera gris, pantalones cortos estampados y chinelas. De forma jocosa, incluso le mencionó al fotógrafo que registró su llegada a la fiscalía: "Hermano, me olvidé la toalla". Reclamó que no le entregan su ropa.

Fue rápidamente trasladado al subsuelo, donde se ubica la alcaidía. Momentos después, fue llevado ante la presencia de la representante del Ministerio Público Fiscal, quien le informó de las acusaciones en su contra.

Durante el procedimiento, que no estuvo exento de tensiones, el imputado fue asistido legalmente por la abogada Moira Curi. Ella le recomendó no declarar, al menos hasta que tenga acceso a las pruebas y al expediente que se han recopilado durante la investigación y que forman la base de la acusación.

Aproximadamente a las 13:30, la indagatoria concluyó y Petros fue trasladado nuevamente a su lugar de detención. Desde allí continuará observando el desarrollo del proceso en su contra, en el que debe responder por presuntas estafas que suman un total aproximado de 450 millones de pesos, según afirman los denunciantes.

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