El 31 de julio fue apresado Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, el número 2 de Julio de Vido en el Ministerio de Planificación de la era “K”. Al día siguiente, estalló públicamente el megaescándalo de “los cuadernos de la corrupción”.
El 1 de agosto fueron detenidas 12 personas, entre ellas Baratta y los empresarios Gerardo Ferreyra (Electroingeniería; muy cercana al exsecretario Legal, Carlos Zannini) y Javier Sanchez Caballero (Iecsa, la empresa que era de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente), quien rápidamente se convirtió en colaborador “arrepentido”.
Cristina Kirchner fue citada ese día a indagatoria para el 13 de agosto. Para la Justicia, Néstor y Cristina Kirchner son los jefes de una “asociación ilícita”.
Desacreditar la investigación
Centeno declaró recién el 2 de agosto, como “arrepentido”. Admitió haber escrito los cuadernos donde con precisión notable narró la ruta de los pagos y la recaudación de los sobornos.
La Justicia buscó esos cuadernos originales en su casa, pero no los encontró. Habían sido devueltos, luego de ser copiados y digitalizados por el periodista de La Nación, Diego Cabot, y un equipo de ese medio, que llevó el caso ante el fiscal Carlos Stornelli. Cuando arrancó la ola de detenciones, la investigación ya llevaba meses.
La falta de los cuadernos originales (que fueron quemados según Centeno) fue aprovechada por el kirchnerismo para tratar de desacreditar la investigación y la causa. La ilusión duró poco. Sabiendo que quedaban muy comprometidos, los empresarios se desesperaron por “arrepentirse” y aliviar así su situación.
La causa empieza a tener efectos multiplicadores, que comprometen al matrimonio expresidencial.
Una extensa lista
El 3 de agosto, el juez Bonadío imputa a 36 personas, y refiere pagos de sobornos por casi U$S 36 millones entre 2008 y 2015.
Además de Sánchez Caballero y Ferreyra, los empresarios Carlos Wagner (Esuco), Armando Loson (Albanesi), Francisco Valenti (Impasa SA), Carlos Mundin (BTU SA), Jorge Neyra (número dos de Electroingeniería), Oscar Thomas (Exente binacional Yacyretá, prófugo), Juan Carlos de Goycochea (Isolux Corsán); y Claudio Glazman.
El circuito de los sobornos llegaban hasta Néstor y Cristina Kirchner y algunos pagos se realizaban en su departamento de la calle Juncal, afirmó Centeno.
El empresario De Goycochea también declara como “imputado colaborador” y admite haber pagado coimas a Baratta. La estrategia de tapar el sol con las manos no parece ser la mejor. La cosa viene seria: el 6 de agosto, Calcaterra, el primo de Macri, se presenta a declarar.
El escándalo
Asume que pagó “aportes” en negro al kirchnerismo, queda como “imputado colaborador” y se lo exime de prisión.
Quedan detenidos Héctor Zabaleta, exdirector de Techint, y Rodolfo Poblete, gerente de Hidrovía SA. Otros dos empresarios, Alejandro Ivannisevich (Emgasud - 30 Energy) y Manuel Santos Uribelarrea (UCSA) admiten ante el juez haber pagado coimas.
El escándalo es imparable. Luis Betnaza, hombre clave del holding Techint, denuncia ante el juez Bonadío por extorsión a De Vido. Afirma que le pidió dinero a cambio de la indemnización por la expropiación que hizo Hugo Chávez a la siderúrgica Sidor (de Techint) en 2008.
Entretanto en el Senado, en comisión, Cambiemos y el PJ Federal avalan los allanamientos a Cristina Kirchner, votación que se llevará al recinto este miércoles.
Si algo faltaba es el pintorezco exjuez Norberto Oyarbide, que queda involucrado como “participe necesario” y llora en los medios antes de ir a declarar.
Situación más compleja
La situación de Cristina Kirchner parece complicarse: en la causa figura que cuando Baratta llevaba los bolsos con dólares a Olivos, a Kirchner y a su secretario Muñoz, Cristina estaba presente “vestida de jogging”.
Las entregas de dinero siguieron durante su mandato, tras la muerte de Kirchner. Como si fuera poco, el exjefe de Gabinete, Juan Abal Medina, declara como indagado, admite aportes en negro y acusa a Baratta de “recolectar” el dinero. La estrategia de Abal (y de algunos empresarios) fue evitar hablar de sobornos para enriquecimiento personal: todo era aportes “para la campaña”.
Las últimas declaraciones de la semana tuvieron impacto no menor: el empresario Wagner, extitular de la Cámara Argentina de la Construcción, se suma a la lista de “arrepentidos” y admite “pago de coimas”. También Aldo Roggio declara y admite haber hecho pagos ilegales. Neyra, de Electroingeniería, se suma a la lista de “arrepentidos”.
Hay decenas de exfuncionarios y empresarios detenidos, en un caso que conmueve al mundo político y empresarial, y que nadie se atreve a vaticinar aún dónde terminará.
