El presidente Mauricio Macri dispuso el relevo del jefe del Ejército, teniente general Diego Suñer, que llegó al cargo con el Gobierno de Cambiemos.
Es el puntapié para la renovación de las conducciones superiores de las tres fuerzas requisito previo para iniciar la mentada reforma, relanzamiento o, más simple, recorte draconiano de las estructuras de las Fuerzas Armadas para achicar el gasto fiscal.
Su reemplazante es el general de brigada Claudio Ernesto Pasqualini, hasta el jueves pasado comandante de la Segunda División del Ejército, con asiento en la provincia de Córdoba.
El vicealmirante de Infantería de Marina, José Luis Villán, que había sido designado titular interino de la Armada semanas después de la trágica pérdida del submarino ARA San Juan seguirá al mando de los marinos. Exégetas del gradualismo hasta en las decisiones castrenses, la administración Macri dispondrá la salida del titular de la Fuerza Aérea, brigadier general Enrique Amrein, desfasada de la expulsión de Suñer.
Purga en las fuerzas” o “crisis militar” es el tipo de contenido periodístico que se quiere evitar en torno del recambio de las máximas autoridades uniformadas.
En sucesivas reuniones de seguimiento de Defensa, Macri y sus colaboradores, Gustavo Lopetegui, secretario de Coordinación Políticas Públicas; Mario Quintana, vicejefe de Gabinete; Fulvio Pompeo, secretario de Asuntos Estratégicos y Paola di Chiaro, subsecretaria de Asuntos Globales de la jefatura de Gabinete, una oyente con opinión, acicateaban a Macri con la necesidad de actualizar el rol en la sociedad, el número de efectivos y misiones específicas de las tres fuerzas.
Prevaleció la “visión Excell” de Lopetegui: “ajustar por presupuesto” una originalidad que viene de larga data. Esta vez dicen se cumplirá.
En esas tertulias el saliente jefe Suñer fue calificado como “un militar que atrasa” porque no presentó proyectos de achique sino más bien de ampliación de los fortines y cuarteles a lo largo del país.
Lo último que movió el fiel hacia el fin de su gestión fueron trascendidos muy críticos acerca de su colega Bari del Valle Sosa, jefe del Estado Mayor Conjunto y de las autoridades del Ministerio que habría dicho Suñer en reunión de generales.
El jefe del Conjunto es hoy el brazo asesor y ejecutor de muchas de las reformas por venir. Entre ellas elaboró un proyecto de decreto sobre la actividad antártica que dispone la transformación de todas las bases en “conjuntas” eliminando la exclusividad que cada fuerza tiene sobre determinadas instalaciones polares.
Sosa también apalancó la designación del marino Villán al frente de la Armada, quien prestaba servicios en el Estado Mayor Conjunto y propuso al brigadier Roberto Andreasen, 2º Comandante Operacional del Estado Mayor Conjunto como relevo de Amreim. Le atribuye a Amreim haber apoyado un embate de un oficial aeronáutico que lo expuso en paños menores ante la política.
El affaire de un pendiente que privó al país de millones de dólares en concepto de reembolsos que el Estado Mayor Conjunto no reclamó a la ONU por servicios médicos especiales proporcionados por el hospital móvil de la Fuerza Aérea durante la misión de 13 años en Haití.
Prestaciones en cardiología, traumatología y preparación para aeroevacuación que se hicieron desde 2009 en adelante y no estaban incluidas en el acuerdo que firmó la Argentina con la ONU al comienzo de la misión.
No se cuestiona la política que era una señal de alineamiento hacia la gestión de Barack Obama sino que la modalidad vía el programa gubernamental FMS (Foreign Military Sales) traducido, ventas militares al extranjero) es una operación sin financiación. La Argentina debe afrontar los 157 millones de dólares del contrato por 12 aviones, ya hay 4 en el país, con recursos propios y en un cronograma que es ni más ni menos que al contado. Recibe aviones contra pago consolidado.
Otro asunto larvado es una acumulación de denuncias de abuso de autoridad que datan de 2016. Los expedientes entraron a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas cuatro oficiales de la Fuerza Aérea Argentina denunciaron por abuso de autoridad a: Ángel Tello, exsecretario de Asuntos Militares; Alejandra Martín, directora general de Asuntos Militares; Hugo Pierri, subsecretario de Planeamiento Estratégico; brigadier general Enrique Amreim, jefe de la Fuerza Aérea Argentina; brigadier Fernando Nieto, exsubjefe, brigadier Víctor Bróccoli, director general de Personal y comodoro Gustavo Krasñasky, exsubdirector de Asuntos Jurídicos. Se trata de presunto cajoneo de expedientes administrativos planteados por los denunciantes, quienes peticionaban ser reconsiderados en su ascenso al grado inmediato superior.
Hay casos de una mora de 4 años en dar respuesta oficial y el extravío de varias fojas de los reclamos administrativos.
A esa penuria se agregan testimonios de presunta persecución y hostigamiento laboral configurado en cambios de destino y funciones con consecuencias de desarraigo familiar.
