El único integrante de la tripulación filipina del barco en el que se encontraron 470 kilos de cocaína que quedó implicado en el caso declaró judicialmente que las personas que lo contactaron operan en la ciudad de San Lorenzo de manera regular. Sostuvo bajo juramento que lo conectó una organización que lo convenció de que no debía preocuparse por los riesgos en el puerto santafesino. "Relax", fue la palabra que le repitieron una y otra vez. "Hacemos esto dos o tres veces por mes y nunca ocurre nada".
Eso lo señaló este sábado el jefe de cocina del buque MV Ceci que aún permanece amarrado en el puerto de Vicentin, a 20 kilómetros de Rosario. Se trata de Jonathan Caputero, un hombre de algo más de 50 años que aceptó, a propuesta de su defensor oficial en la Justicia Federal de Rosario, convertirse en imputado colaborador, a fin de proporcionar información sobre lo ocurrido a cambio de una atenuación de la pena en expectativa, informa La Política Online.
Caputero confesó su rol bajo juramento y reserva de identidad, con las cargas de un testigo, lo que le implicará una pena de hasta diez años de prisión si se comprueba que su declaración es falsa. Lo que señaló es que personas de la organización que gestiona contrabandos habituales desde los puertos del Gran Rosario lo contrataron para que posibilitara el ingreso de la carga y la colocara en un lugar seguro en el buque.
El arrepentido declaró el sábado a la tarde con el consejo de su defensor federal Ramiro Dillon, en una audiencia de formalización frente a los fiscales federales Claudio Kishimoto y Matías Álvarez. Afirmó que la droga encontrada el pasado miércoles 30 de abril en 15 bultos de poco más de 30 kilos cada uno no subió en San Lorenzo sino en una rada al lado de Montevideo, en cuyo puerto atracó tras una travesía desde Emiratos Árabes, acercada desde lanchones en la madrugada.
Según dijo, sus contactos le plantearon que en el puerto de Vicentin en San Lorenzo se completaría un segundo embarque de droga acercado por la misma organización. Pero el cocinero esta vez, preocupado ya por la magnitud de la primera carga, que era de casi media tonelada, se negó a ser el enlace para que una nueva subiera a la cubierta.
Allí, según refirió el cocinero, en la audiencia apareció una vez más el intento de persuasión de los contrabandistas. "El filipino hablaba en inglés. La palabra que más le repitieron, que él dijo una y otra vez, fue 'relax'. Le decían que no tenía que preocuparse porque embarques como estos en San Lorenzo se hacen continuamente, con una frecuencia de dos o tres veces al mes, sin ser detectados", le dijo a LPO alguien que siguió directamente el trámite.
Los fiscales del caso tienen el teléfono secuestrado del jefe de cocina. Allí aparecen mensajes intercambiados con un número del contacto que, según dijo, le facilitó la carga en Montevideo. Se trata de la misma organización que tiene una pata en San Lorenzo donde, repitió el arrepentido bajo juramento, debía recibir un segundo embarque.
El hombre que ahora está bajo un procedimiento reservado reside en Manila, donde tiene esposa e hijos. Según fuentes judiciales es de condición humilde, como la mayoría de las tripulaciones integradas por filipinos, que se emplean en los cargos más bajos de la marina mercante. Llegó a la audiencia con ropa modesta, como comprada en feria, y con una elocuente expresión de temor. "Con verle la apariencia queda muy claro que esta es una persona a la que recurrió la organización y no parte de la organización. A lo sumo es tropero, no contrabandista", indicó una fuente calificada del caso.
Los fiscales tienen ahora el cometido de seguir los trazos hacia los organizadores del voluminoso contrabando, para lo cual están disponibles las pistas de los mensajes. El hecho de que los 16 bultos hayan sido cargados en el trayecto de ida en Montevideo es algo que les suena muy poco fiable a los investigadores. Resulta algo inverosímil que un buque cargue droga en el primer puerto para luego remontar el río, donde puede encontrar controles fluviales de seguridad, para deshacer la vía fluvial corriente abajo. Y finalmente llegar a Montevideo, donde la hoja de navegación marcaba que el barco debía detenerse una vez más a cargar arroz a granel.
Los indicios de un cargamento sospechoso los ofreció el capitán del barco al abrir un refrigerador de carne preparado para la travesía que tenía por delante la tripulación que debía cargar 46 mil toneladas de pellets de girasol. Debajo de una partida de 100 kilos de carne vacuna, al capitán le pareció advertir una sustancia extraña entre esos bultos y dio aviso al práctico argentino del buque. Este reportó lo ocurrido a Juan Lafontana, encargado de la UIF Rosario, que avisó al fiscal Kishimoto. La inspección de personal de Aduana-Arca y Prefectura constató la cocaína.
Fuentes de la investigación señalaron que el testimonio del único imputado tiene baches de ambigüedad. En su teléfono celular se advirtió que había borrado fotos que en una segunda revisión se encontraron donde aparecen los bultos que tenían la cocaína.
También fuentes consignadas por el diario Clarín señalan que se le hizo una prueba de salinidad a la carga y arrojó que efectivamente las bolsas que recubrían los bultos estaban saladas como si hubieran tomado contacto con agua de mar. Montevideo es un puerto ubicado sobre el estuario del Río de la Plata, fuente de agua dulce, pero sin embargo con alto nivel de cloruro de sodio.
Esta semana tiene que haber una audiencia para definir el destino de los veinte filipinos ajenos al trámite a los que se les mantiene le pasaporte retenido por orden del juez de garantías Carlos Vera Barros. A pedido de la naviera, el buque con bandera de las islas Marshall tiene autorizado moverse a otro puerto dentro de San Lorenzo para completar la carga de pellets de soja que había llegado a embarcar.
