La Justicia de Rosario condenó a tres años de prisión condicional y al pago de una multa de $50.000 por los delitos de extorsión y amenazas, luego de haber robado y difundido fotos íntimas de una funcionaria pública en 2017.
Los condenados fueron identificados como Iván Cudde y Nicolás Lapiana. Ambos fueron encontrados culpables del hecho y obligados a realizar un curso sobre violencia de género.El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario arribó a esta resolución tras un juicio abreviado, homologado unipersonalmente por el juez Ricardo Vázquez.
Cudde fue condenado como partícipe necesario del delito de amenazas coactivas en concurso ideal con los delitos de acceso ilegítimo a un sistema informático y falsificación y uso de una marca registrada en calidad de autor. Lapiana, por su parte, fue hallado autor del delito de extorsión, en grado de tentativa, en concurso ideal con los delitos de amenazas coactivas en calidad de partícipe necesario, acceso ilegítimo a un sistema informático y falsificación y uso de una marca registrada.
El origen de la causa
La causa tuvo su origen en 2017, precisamente el 5 de julio de aquel año, cuando la víctima se presentó ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) luego de que se difundieran sus fotos íntimas en Twitter y otras plataformas.
La funcionaria provincial, nacida en Santa Fe, indicó que las imágenes estaban en su teléfono celular, sincronizadas con la nube “Google Fotos”. Luego de conocer su relato, la UFECI abrió una investigación preliminar que sirvió para comprobar que la víctima había recibido tres correos electrónicos que aparentaban ser del equipo de soporte técnico de Google.
Dichos mensajes requerían un cambio de contraseña por actividad sospechosa en la cuenta. En la parte inferior se incluía un botón, con un enlace incierto, que redireccionaba a una página que simulaba ser una plataforma de acceso a Gmail para restablecer contraseñas.
Toda esta secuencia transcurrió durante una clara maniobra de phishing (sustracción de credenciales y datos personales). Dos años más tarde, luego de que sus fotos se difundieran, la mujer recibió un mensaje de WhatsApp de un abonado radicado en Estados Unidos, identificado como Jaime Inc, mediante el cual se le ofreció protección a cambio de 600 dólares mensuales.
El mensaje incluía fotografías íntimas suyas, alguna de las cuales no habían sido difundidas anteriormente, y le daba a entender que también poseía un video de iguales características, obtenido de la misma manera, mediante el acceso ilegítimo a su cuenta.Durante el proceso se pudo comprobar que uno de los autores de uno de los accesos ilegítimos era oriundo de la ciudad de Santa Fe (Cudde), y el otro de la ciudad de Rosario (Lapiana). Este último fue quien utilizó el número telefónico radicado en Estados Unidos.
Tras el cierre de la instrucción, el caso fue recepcionado en la fiscalía general a cargo de Fernando Arrigo, a los fines de intervenir en la etapa de juicio. Durante esta instancia, el fiscal relató cómo fue la estrategia de la investigación, con la colaboración de la UFECI, a cargo del fiscal general Horacio Azzolín y, además, con el aporte de la UFEM, a cargo de la fiscal federal Mariela Labozzetta.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que la difusión de las fotografías íntimas de la víctima fue acompañada por comentarios que deshonran, humillan y atentan contra su dignidad al violar su esfera de intimidad, menoscabando su psiquis y su integridad sexual, y que la revictimizaron cada vez que esas imágenes salieron nuevamente a la luz, reforzando los estereotipos de mujer-objeto vinculados a los roles tradicionales de género.
