Se trata de Pedro Antonio González, a quien se imputó lesiones leves calificadas, por el cual se abstuvo de declarar al momento de ser indagado. Los Dres. Valeria Galván y Nicolás Bonahora consideraron inexistentes los riesgos procesales.
Se trata de Kevin Lastra, quien al ser indagado por el fiscal Ramón Rubén Alfonzo aseguró haber sido comprador de buena fe, indicando que creyó propietario del aparato al individuo que se lo ofreció, ya que le vendió también el cargador.
El magistrado hizo lugar al planteo de la Dra. Paola Bravo, defensora de Yamil Adrián Sayago, a quien se impuso medidas restrictivas. Al ser indagado el joven negó haber participado del hecho ilícito.
El hecho ocurrió en la madrugada del sábado último a la salida de un boliche de la calle Independencia, barrio Cabildo de la Capital. Se hizo lugar al pedido de los abogados Valeria Galán y Nicolás Bonahora, defensores de la acusada.
Se trata de Guillermo Javier Aramayo, a quien la Dra. Silvina Paz —del Ministerio Fiscal— acusa por el delito de lesiones leves en perjuicio de Santiago Maximiliano Aramayo, hecho por el que fue detenido el 23 de diciembre del año pasado.
Se trata de Elio Soria, a quien también se atribuye haber sustraído una consola de juegos a su ex, a la que cuando fue a reclamar la devolución la amenazó diciéndole que “le pasaría algo”. Lo asistió la defensora oficial Lucía Epifanio.
Se trata de Víctor Escalada, oriundo de San José del Boquerón (Copo), cuyos abogados defensores -Dres. Natalia N. Torrez y Daniel O. Torrez- requirieron que sea liberado por no existir peligros procesales, entre otros argumentos.
Se trata de Braian Fabián Bravo, quien había sido detenido el 17 de diciembre de 2024. Tras ser indagado asumió su defensa el Dr. Diego Díaz, quien requirió la excarcelación por inexistencia de peligros procesales, y le hicieron lugar.
Los Dres. Soledad Schetjman y Enzo Ruiz, defensores de Ramírez, demostraron que este se dedica a realizar fletes, y que el día del hecho había sido contratado por la mujer para tal servicio. No tenía idea que los caños eran robados.
Los Dres. Natalia N. Torrez y Daniel O. Torrez, defensores del inculpado, argumentaron la inexistencia de riesgos procesales y solicitaron que el sujeto -de apellido Ibáñez- sea excarcelado, a lo cual el magistrado hizo lugar.
Se trata de Susana Catalina Leguizamón, a quien la fiscalía le imputó el delito de estafas reiteradas, hechos por los que fue detenida el 14 de diciembre del año pasado. Le impusieron medidas restrictivas y reglas de conducta varias.
Los Dres. Franco Cejas Escalada y Javier Engle, defensores del inculpado, se opusieron y pidieron confirmar la excarcelación, a lo cual el tribunal hizo lugar.
El magistrado les impuso una fianza personal de 3 millones de pesos y severas restricciones, entre ellas no acercarse a lugares que sean frecuentados por niños, entre ellos las escuelas, etc.
Se impuso severas medidas restrictivas y reglas de conducta al sujeto, haciendo lugar al planteo de los abogados Laura Argañaraz y Leandro Jiménez, defensores del inculpado. La fiscalía había solicitado dictarle prisión preventiva.
Se trata de Marcos Sebastián Pérez y Juana Luisa Cordero, quienes fueron detenidos el 16 de octubre de este año en el barrio Primera Junta de la Capital, por estar acusados de comercializar estupefacientes.
