Un técnico en refrigeración y energía solar que había sido detenido por estar acusado de administración fraudulenta en perjuicio de una firma comercial capitalina, fue excarcelado por el Dr. Fernando Paradelo, juez de Control y Garantías para la Circunscripción Capital, quien hizo lugar al planteo del Dr. José Fernando Agüero, abogado defensor del inculpado, quien sostuvo la inexistencia de peligros procesales.
La investigación se inició a partir de una denuncia impulsada por los responsables de dicha firma comercial, que atribuyó a Mario Reinaldo Rodríguez supuestas maniobras irregulares en el manejo de bienes de la empresa.
Según surge del expediente, un colaborador de la firma habría adquirido de Rodríguez un aire acondicionado portátil que este ofrecía en sus redes sociales, generando sospechas sobre su origen. No obstante, conforme surge de las declaraciones testimoniales, el equipo en cuestión había sido previamente adquirido de un tercero en enero de 2024, y ya contaba con varios años de uso, por lo que no existiría una cadena de facturación que lo relacione con la firma denunciante.
Secuestros y elementos relevados
Durante los procedimientos de allanamiento en el domicilio del imputado, solo se secuestraron una escalera usada sin identificación comercial, un secarropas Dream y dos inversores de energía solar nuevos. Si bien la denuncia mencionaba la posible existencia de otros elementos como heladeras, planchas o aires acondicionados adicionales, estos no fueron encontrados en el lugar.
De acuerdo a las fuentes consultadas y según las entrevistas testimoniales obrantes en la causa, se desprende que existía una relación de confianza entre el imputado y la dirección de la empresa, ya que Rodríguez solía retirar equipos con conocimiento y autorización para realizar ventas e instalaciones en el interior provincial.
Asimismo, el abogado defensor indicó que "la facturación se efectuaba posteriormente, una práctica conocida y habitual dentro del funcionamiento comercial, especialmente en operaciones con clientes rurales o del interior".
El letrado sostuvo que los hechos responden a "una situación administrativa anómala pero no delictiva, enfatizando que no existió ardid ni engaño alguno, sino una modalidad de trabajo conocida y consentida".
El expediente seguirá tramitándose bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, previéndose su elevación a juicio una vez concluidas las pericias contables y administrativas.
