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Política

El Gobierno derogó una norma clave sobre patentes farmacéuticas y cambia el sistema de evaluación

El nuevo esquema introduce cambios clave en la forma de analizar patentes de medicamentos en el país.

El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, derogó este miércoles el régimen vigente desde 2012 para el análisis de patentes de medicamentos, estableciendo un nuevo esquema que modifica las reglas del sector en Argentina.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución Conjunta 1/2026, publicada en el Boletín Oficial, y otorga al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial la facultad de evaluar caso por caso las solicitudes de patentamiento.

 

Qué cambia con la nueva normativa

Con esta decisión, el Ejecutivo eliminó las “Pautas para el examen de patentabilidad de invenciones químico-farmacéuticas” que regían desde 2012, al considerar que limitaban la capacidad del organismo para analizar las presentaciones.

A partir de ahora, el INPI determinará la viabilidad de cada patente en base a los criterios establecidos por la Ley 24.481, como novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

 

Objetivos del Gobierno

Según se detalla en la resolución, el cambio apunta a promover la innovación, incentivar el desarrollo de la industria farmacéutica y generar mayor seguridad jurídica.

Además, el Ejecutivo sostiene que la medida busca alinear el sistema local con estándares internacionales y facilitar la llegada de nuevos medicamentos y tratamientos al mercado.

 

Cláusula para evitar conflictos

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es la inclusión de un régimen transitorio, que establece que las nuevas patentes no podrán impedir la comercialización de medicamentos que ya se encuentren en el mercado al momento de la entrada en vigencia.

En esos casos, los titulares de las patentes no podrán reclamar compensaciones ni bloquear su venta, con el objetivo de proteger la competencia y el acceso a los productos.

 

Un cambio estructural

Con esta derogación, el Gobierno redefine el marco regulatorio en materia de propiedad intelectual aplicada a medicamentos, en una decisión que podría tener impacto tanto en la industria como en el acceso a tratamientos.

El oficialismo argumenta que una protección adecuada de las invenciones favorece la innovación y acelera la disponibilidad de nuevas drogas, incluso en países en desarrollo.

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