Hay escándalos políticos que nacen de una denuncia y hay otros que nacen de una explicación. El caso de Manuel Adorni parece pertenecer a la segunda categoría.
Hasta hace apenas unos meses, el actual jefe de Gabinete sostenía que "todo lo que tiene que estar declarado lo está". Ahora admite que él y su esposa mantuvieron durante años ahorros no declarados, que luego incorporó mediante declaraciones juradas rectificativas. La diferencia entre ambas afirmaciones no es menor: una implica transparencia; la otra reconoce la existencia de un patrimonio que no había sido informado.
La contradicción es tan evidente que ni siquiera requiere interpretación. En marzo defendía la integridad de sus declaraciones patrimoniales. En junio reconoció que debió corregirlas para incorporar alrededor de medio millón de dólares que no figuraban en ellas.
Pero el problema no termina allí.
Lo más llamativo de su defensa no fue la admisión del dinero no declarado, sino la naturalidad con la que intentó justificarlo. "Ahorramos en negro como todos los argentinos", dijo.
Porque aquí aparece una pregunta incómoda: ¿cuántos argentinos pueden ahorrar medio millón de dólares fuera del sistema?
La enorme mayoría de la población no puede ahorrar ni siquiera una pequeña fracción de esa cifra. Según la propia explicación de Adorni, parte de ese patrimonio provino de inversiones en bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, donde asegura haber invertido US$200.000 y obtenido ganancias por otros US$300.000.
Y es precisamente allí donde surge otra cuestión.
En 2021, Adorni publicó en redes sociales que había llamado a Swift para reclamar por un paquete de salchichas en mal estado. El episodio fue presentado como una anécdota doméstica de un consumidor común. Nada tiene de reprochable protestar por un producto defectuoso. Lo curioso es el contraste que hoy aparece a la luz de los números.
Si alguien poseía un patrimonio de cientos de miles de dólares acumulado durante años, realizaba inversiones de seis cifras en criptomonedas y obtenía ganancias extraordinarias, la imagen pública que proyectaba era, cuanto menos, diferente de la que hoy emerge de sus propias declaraciones.
Más aún para un funcionario que llegó al poder denunciando los privilegios de la política tradicional y reivindicando la honestidad como un valor central.
La explicación de Adorni también deja un problema institucional. Porque si un alto funcionario sostiene públicamente que mantener ahorros en negro era una práctica normal y razonable, corre el riesgo de banalizar justamente aquello que el Estado tiene la obligación de combatir: la informalidad fiscal. Pero, una vez más, aquí es otro archivo del "mandamás" del gobierno quien vuelve a sorprender: Javier Milei afirmó que los evasores de impuestos y los que fugan capitales son "héroes".
Quizás la mayor dificultad para el Gobierno no sea jurídica, sino política.
Los votantes pueden perdonar errores. Incluso pueden aceptar que un funcionario se haya equivocado al confeccionar una declaración jurada. Lo que suele resultar más difícil de explicar son las contradicciones.
Entre el "todo está declarado" y el "ahorramos en negro como todos los argentinos" hay una distancia demasiado grande. Una distancia que no se mide en dólares, sino en credibilidad.
