La política se degrada definitivamente cuando deja de ser un ejercicio de responsabilidad para convertirse en una maquinaria de exigencias hacia los demás y de indulgencia hacia sí misma. No hay peor rostro del poder que ese: el que sermonea al ciudadano desde el mostrador, pero se absuelve a sí mismo en la trastienda. El que convierte la obligación pública en un látigo para el vecino y en una excepción para la propia tropa. El que habla de orden, cumplimiento y legalidad cuando se trata del contribuyente común, pero administra la cosa pública con el descuido, la impunidad o la desvergüenza de quien cree que nunca tendrá que rendir cuentas.
Eso es lo que asoma, con una potencia simbólica brutal, detrás de un hecho que no parece menor y que, en realidad, lo dice casi todo. Una camioneta identificada con la Municipalidad de La Banda, patente AG048KU, figura como contribuyente de la Municipalidad de La Banda y registra deuda en los períodos 2023, 2024 y 2025 del impuesto de automotores y remolcados, según las constancias emitidas el 3 de marzo de 2026 por la Dirección General de Rentas de Santiago del Estero. En el comprobante de 2023 consta una deuda de $89.795,52; en el de 2024, $166.862,14; y en el de 2025, $166.528,53. En total, al menos por esos tres períodos, la deuda asciende a $423.186,19.
No se trata de una presunción liviana ni de una operación declamativa. Los comprobantes consignan expresamente el objeto imponible asociado a la patente AG048KU y como contribuyente a la MUNICIPALIDAD DE LA BANDA. También detallan el peso de la mora: en 2023, de los $89.795,52 reclamados, $40.565,52 corresponden a interés; en 2024, de los $166.862,14, $64.303,97 son interés por mora; y en 2025, de los $166.528,53, $39.115,73 también responden a mora. Es decir: no estamos frente a un simple olvido administrativo inocente, sino ante una deuda sostenida en el tiempo, con recargos que muestran atraso, desorden o desidia estatal.
Porque no hay autoridad ética posible en un gobierno que no se aplica a sí mismo aquello que le impone a los demás. No hay pedagogía cívica cuando el ejemplo oficial está podrido. No hay cultura tributaria cuando el Estado se convierte en un evasor con sello. No hay legitimidad para reclamar esfuerzo, cumplimiento y sacrificio en una sociedad devastada por la crisis, si la propia estructura pública se permite circular con deudas, intereses acumulados y un desdén tan obsceno por las obligaciones que después usa como vara contra el ciudadano.
Y hay algo todavía más irritante: la escena. La fotografía muestra esa camioneta oficial un sábado por la mañana en la ciudad Capital. No en un operativo urgente anunciado. No en una prestación pública transparentada. No en medio de una explicación oficial sobre tareas intermunicipales o asistencia extraordinaria. No. Aparece allí, lejos de La Banda, mientras los bandeños conviven con un problema estructural que ningún marketing logra tapar: calles destruidas, desagües que no alcanzan, barrios que se anegan, servicios que no responden a la magnitud de la demanda y una sensación de abandono que cada lluvia reactiva como una herida vieja.
Entonces la pregunta cae de madura y lastima: ¿qué hacía una camioneta de la Secretaría de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de La Banda en Capital un sábado por la mañana, mientras en La Banda sobran las urgencias? Y esa pregunta no es caprichosa. Es política. Es administrativa. Es republicana. Porque los vehículos oficiales no son patrimonio del funcionario ni extensión de sus comodidades. Son herramientas del Estado para cumplir fines públicos, concretos, verificables y controlables. Cuando uno de esos vehículos aparece fuera de jurisdicción, en día y horario que despiertan sospechas, la carga de la explicación no le corresponde al periodismo ni al vecino: le corresponde al gobierno.
Lo que vuelve especialmente hiriente este episodio es el contraste brutal entre el discurso y la práctica. La gestión habla de responsabilidad, pero convive con deuda. Habla de servicios públicos, pero su vehículo aparece donde no debería estar o, al menos, donde tiene que explicar por qué está. Habla de ordenar al contribuyente, pero no ordena su propia casa. Habla de modernización y gestión, pero deja detrás rastros elementales de incumplimiento que cualquier ciudadano pagaría caro. Ese es el corazón del problema: no es solo la patente impaga. Es la matriz cultural que revela. Es la doble moral de un poder que pide papeles al vecino mientras extravía sus propias obligaciones.
No hay peor forma de debilitar el vínculo entre la sociedad y las instituciones que esta: exigir desde arriba lo que no se respeta adentro. El vecino puede tolerar un error. Lo que no tolera eternamente es la hipocresía. Puede comprender una dificultad transitoria. Lo que no acepta es que lo castiguen por lo mismo que el poder se perdona. Puede incluso hacer un esfuerzo adicional si siente que hay justicia en el reparto de cargas. Lo que pulveriza la confianza social es la certeza de que hay una ley para el de abajo y una coartada para el de arriba.
Y no se trata de discutir aquí un monto aislado, aunque el monto exista y sea concreto. Se trata de discutir un modelo de gestión. Porque los $423.186,19 acumulados por esa camioneta entre 2023 y 2025 no son solamente una cifra. Son una radiografía. Son la evidencia contable de una conducta. Son el resumen perfecto de una cultura política que se acostumbró a mandar sin dar ejemplo. Que quiere recaudar sin legitimidad. Que quiere disciplinar sin autoridad moral. Que quiere controlar al ciudadano mientras se administra a sí misma con la laxitud que le niega a la sociedad.
Además, no puede soslayarse otro componente central: si la Municipalidad de La Banda figura como contribuyente en esos comprobantes, entonces la deuda no es de un privado, ni de un tercero, ni de un empleado en uso particular. La deuda recae sobre el propio Estado municipal como sujeto obligado. Y eso agrava todo. Porque ya no estamos ante la inconducta individual de un contribuyente cualquiera, sino ante la falla de una administración que no puede, no quiere o no le importa cumplir con aquello que reclama.
A esta altura, Roger Nediani debería explicar varias cosas y debería hacerlo sin eufemismos, sin comunicados huecos y sin el viejo reflejo de esconder la mugre debajo de la alfombra. Debería explicar por qué ese vehículo oficial mantenía deuda de varios períodos. Debería explicar quién es el responsable administrativo del pago de esas obligaciones. Debería explicar por qué un vehículo afectado a servicios y obras públicas estaba en Capital un sábado por la mañana. Debería explicar qué tarea concreta cumplía, quién autorizó su desplazamiento, cuál fue la hoja de ruta, cuál el motivo institucional y cuál el costo de ese uso. Y debería explicar, sobre todo, con qué cara se le exige libre deuda al vecino cuando la propia Municipalidad aparece incumpliendo.
Porque esa es la otra gran cuestión: el carnet de conducir no es un capricho, ni un lujo, ni una concesión aristocrática. Para miles de personas es trabajo, movilidad, supervivencia, posibilidad de llevar a los hijos, de hacer un reparto, de manejar una moto, un auto o una herramienta laboral. Condicionar ese trámite a un libre deuda municipal ya es una discusión delicada en sí misma. Pero hacerlo desde una gestión que no honra sus propios pagos resulta directamente escandaloso. Se vuelve una forma de injusticia institucional. Una manera de usar la necesidad ajena como mecanismo de presión mientras el poder se reserva el privilegio de incumplir.
Y mientras tanto, la ciudad real espera. La Banda real espera. Los vecinos que lidian con agua acumulada, barro, calles rotas, desbordes y promesas esperan. Los que pagan esperan. Los que no llegan a fin de mes pero igual hacen el esfuerzo esperan. Los que no tienen camionetas oficiales ni combustible estatal ni inmunidad política esperan. Y lo que reciben a cambio es esta escena perfecta del cinismo contemporáneo: una camioneta municipal fuera de lugar, con deuda acumulada, bajo una gestión que exige lo que no practica.
En política hay imágenes que explican un gobierno entero. Esta es una de ellas. No por espectacular. Por exacta. Porque resume una forma de ejercer el poder. Roger Nediani no queda interpelado solo por una patente impaga. Queda interpelado por una contradicción. Por una distancia insoportable entre el deber ser que le exige al ciudadano y el hacer real de su administración. Por esa costumbre tan vieja de hablar como fiscales y actuar como privilegiados.
La administración pública no puede pedir obediencia tributaria mientras coquetea con su propia mora. No puede predicar responsabilidad desde un vehículo oficial con deuda. No puede reclamar sacrificios a los vecinos mientras no ofrece ejemplaridad en su propia conducta. Y no puede, de ninguna manera, esconderse detrás del silencio cuando la evidencia la desmiente con documentos en la mano.
Porque al final de eso se trata: de credibilidad. De autoridad moral. De decencia pública. Si el intendente obliga al ciudadano a pagar para acceder a un trámite, primero debe garantizar que su municipio paga. Si exige orden, debe empezar por adentro. Si pide esfuerzo, debe exhibir conducta. Y si no puede hacer algo tan elemental como eso, entonces ya no administra: adoctrina al vecino con reglas que su propio poder desprecia.
La peor inundación de una gestión no siempre entra por los desagües. A veces entra por la hipocresía. Y cuando eso pasa, el agua no tapa calles: tapa discursos. Tapa excusas. Tapa relatos. Pero no tapa la verdad.
Porque la verdad, esta vez, quedó parada en un semáforo a la vista de todos.
