A cierta edad, el silencio no es descanso: es un síntoma. La escena se repite en edificios viejos, barrios alejados y casas donde el timbre dejó de sonar. Una medicación en la mesa, la tele como compañía fija, el temor a caerse en el baño y que nadie se entere hasta el día siguiente. O hasta que se entere alguien.
Argentina envejece, y lo hace con una paradoja: hay más personas mayores, pero también más personas viviendo solas. Según INDEC, la población de 65 años y más representa el 11,9% del total. Y, en paralelo, los hogares unipersonales crecieron fuerte: uno de cada cuatro hogares es de una sola persona (24,8% en 2022, según un relevamiento basado en datos censales).
Vivir solo no es sinónimo de abandono. Pero en la vejez puede convertirse en una trampa: menos movilidad, menos ingresos, más enfermedades crónicas, y una red de contención que se achica justo cuando más se necesita.
La Organización Mundial de la Salud viene alertando que la desconexión social —soledad y aislamiento— es un riesgo serio para la salud, con impacto en enfermedad y mortalidad. Y también advierte que, aunque muchas personas mayores gozan de buena salud, aumenta el riesgo de depresión, ansiedad, demencia y la necesidad de cuidados de largo plazo.
Esa es la base humana del problema. Pero en Argentina, al drama íntimo se le suma un acelerador económico.
Pobreza: Lo que dicen las estadísticas y lo que duele en la heladera
Los números oficiales muestran una foto que, a primera vista, puede engañar. En el primer semestre de 2025, INDEC registró que el 10,8% de las personas de 65 años y más estaba bajo la línea de pobreza.
Ese dato convive con otra verdad cotidiana: envejecer es caro, y mucho de ese costo no siempre se refleja bien en canastas generales. Medicamentos, consultas, traslados, alimentación específica, alquiler (para quien no tiene vivienda propia) y —cuando la autonomía empieza a fallar— cuidados.
Ahí aparece la grieta brutal entre ingresos y vida real. Un relevamiento difundido por medios a partir de mediciones de la Defensoría de la Tercera Edad ubicó la canasta del jubilado por encima de $1,5 millones en octubre de 2025 (con fuerte peso de alimentos y medicamentos).
el otro lado, el ingreso mínimo corre muy por detrás. En enero, ANSES informó que la jubilación mínima con bono llegaba a $419.299,32 (bono de $70.000 incluido). Y Chequeado detalló que para febrero de 2026 el haber mínimo con bono rondaría $429.254, con un aumento por movilidad, en un contexto donde el bono no necesariamente acompaña la inflación.
La cuenta es simple y cruel: aun con aumentos, hay una parte creciente de la vejez que vive en modo ajuste permanente. Ajuste de comida. Ajuste de calefacción. Ajuste de remedios. Ajuste de vida.
El Estado nacional: entre la movilidad, el bono y la intemperie
La discusión sobre jubilaciones suele convertirse en una pelea de fórmulas. Pero abajo, en la vereda, lo que se discute es otra cosa: si una persona mayor puede comer, medicarse y pagar sus cuentas sin pedirle plata al hijo, al vecino o al fiado.
En marzo de 2024, el Gobierno modificó el esquema de movilidad con el DNU 274/2024. Distintos análisis explicaron que, desde mediados de 2024, los haberes comenzaron a actualizarse mensualmente en función de la inflación (con rezagos), y que la transición dejó fuertes tensiones por la pérdida previa de poder adquisitivo.
Pero incluso cuando el haber “sube”, hay un punto que se convirtió en el símbolo del malestar: el bono, que en la práctica actúa como respirador para el mínimo, y cuya actualización (o falta de actualización) se vuelve decisiva para no seguir corriendo de atrás.
Y cuando la salud aparece —siempre aparece—, el bolsillo vuelve a sangrar.
AMI sostiene un esquema de coberturas y descuentos, y plantea límites terapéuticos orientados al “uso racional” de medicamentos. Pero organizaciones del campo sanitario advirtieron sobre aumentos del gasto de bolsillo y cambios en coberturas en distintos períodos, con impacto directo en jubilados.
En criollo: el ajuste no siempre llega con una carta documento. A veces llega con una receta que ya no cubre igual, con un remedio que se posterga “para la semana que viene”, con una pastilla que se parte al medio para que dure más.
Dependencia: el agujero del “¿quién cuida?”
La crisis de los mayores solos tiene un punto de quiebre: cuando la autonomía empieza a ceder. Un tropezón, una internación, una caída de presión, un deterioro cognitivo. Y, de golpe, la vida cotidiana se convierte en logística: quién cocina, quién limpia, quién acompaña al médico, quién controla la medicación, quién se queda de noche.
La OMS recuerda que, con el envejecimiento, crece la necesidad de cuidados a largo plazo. En Argentina, ese cuidado recae —casi siempre— en familias exhaustas, mujeres de la familia, vecinas solidarias o cuidadoras mal pagas en la informalidad. En hogares de bajos ingresos, la dependencia no es solo un problema de salud: es un problema de supervivencia.
Y cuando no hay red, aparece el peor escenario: el aislamiento total. La persona mayor sola se vuelve invisible. Hasta que sucede algo irreversible.
Marchar con bastón: protesta y represión
En la Argentina de los últimos meses, una imagen se repite los miércoles: jubilados marchando para reclamar por ingresos, medicamentos y condiciones de vida. Pero lo que debería ser un acto básico de ciudadanía se convirtió, demasiadas veces, en un corredor de tensión.
El 21 de enero, la represión durante una marcha de jubilados volvió a ocupar titulares: gases, golpes, heridos. La escena es difícil de digerir: personas mayores —algunas con bastón, otras con problemas de movilidad— enfrentadas a operativos que se despliegan como si del otro lado hubiera una amenaza.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) fue más allá del hecho puntual y habló de tendencia. En un informe publicado el 9 de enero, señaló que se duplicó la represión en el último año, y advirtió un salto en heridos y detenciones, con un impacto especialmente grave en adultos mayores.
Ese endurecimiento se vincula a un marco normativo y operativo que el Gobierno presentó como “orden público”. El Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación quedó formalizado por la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad. Y, según explicó Chequeado, a fines de 2025 hubo un fallo judicial que declaró su nulidad, aunque el protocolo continuaba vigente tras la apelación del Gobierno.
Más allá de lo jurídico, la discusión de fondo es política: ¿qué tipo de Estado se está construyendo cuando el reclamo de los viejos se responde con escudos?
La crisis de los adultos mayores solos no es un accidente demográfico ni una fatalidad biológica. Es una decisión social que se expresa en presupuestos, prioridades y formas de ejercer el poder. Es la suma de un ingreso que no alcanza, una salud que se encarece, una red que se rompe y un Estado que aparece tarde —o aparece para controlar, no para cuidar.
En un país que envejece, la pregunta ya no es si “se puede” mejorar jubilaciones, medicamentos y cuidados. La pregunta real es qué estamos aceptando como normal. Porque cuando la vejez se vive con miedo a enfermarse, con vergüenza de pedir ayuda, con el plato más chico y la factura más grande, el problema no es solo económico: es moral.
Y hay una línea que debería ser sagrada: un Estado que golpea —literal o simbólicamente— a quienes trabajaron toda su vida para sostenerlo, está rompiendo el contrato más básico de una comunidad. La vejez no puede ser un castigo. Ni la soledad una condena. Ni la calle, el único lugar donde un jubilado tenga que gritar para que lo vean.
