Bajo las circunstancias que venimos relatando en los episodios anteriores, la vida bajo sitio para los habitantes de Ghouta nunca fue fácil, tal como describe un artículo de investigación publicado a fines de 2016 por la ONG norteamericana Century Fundation, especializada en temas de seguridad y terrorismo. También el Middle East Institute, con base en Washington, describe la situación económica dentro del enclave en un informe publicado en 2016. Bajo el bloqueo, el gobierno mantenía abierto un cordón umbilical con el exterior a través del llamado Pasaje de Wafideen, cuya apertura comercial fuera fruto en mayor medida de la negociación privada por parte de la adinerada familia de Moheddine al-Manfoush en 2014, que consiguió la administración monopólica del paso. Este empresario de la industria láctea local —quien es mejor conocido como “Abu Ayman”, y cuya familia es originaria de la ciudad de Misraba, donde sigue manteniendo varias panaderías y algunas granjas productivas— tiene conexiones tanto a nivel gubernamental como con los rebeldes, y es propietario de la firma Al-Marai, ubicada en la región de Damasco. Hasta mediados de 2017, Abu Ayman transfería hasta 150 toneladas de alimentos y mercancías al enclave. Los productos que atravesaban la línea sufrían por parte del gobierno un impuesto a la importación y a su vez debían contar con el visto bueno de los rebeldes islámicos, quienes también cobraban su propio impuesto. Al mismo tiempo, desde el lado gubernamental el control del paso había sido disputado por diversas unidades militares, quedando luego de varias pujas internas controlado por el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea y la Guardia Republicana. Pasó a ser conocido coloquialmente como “Hajez al-Miyoun” o el “Checkpoint del Millón” debido a las ganancias que obtenían de él los militares que lo administraban.
Desde el lado rebelde originariamente el paso estaba controlado por una facción menor del Ejército Libre Sirio denominado el Ejército de la Nación (Umma Army), cuyo líder era Abu Ali Khibbiyeh. Pero en julio de 2014, el Ejército del Islam al mando de Zahran Alloush organizó una operación militar para destruir esta facción y apropiarse de las áreas donde estaba operativo, incluyendo el estratégico paso de mercancías. Fue así que pasaron a administrarlo y forzaron a los comerciantes a adquirir permisos de importación y descargar los productos en galpones pertenecientes al propio Ejército del Islam, donde cobraban derechos de almacenamiento y además derechos preferenciales de ventas de mercancías. Situaciones como esta crearon un sentimiento de desesperanza permanente y demuestran las divisiones en la sociedad siria, de las que solo se beneficiaron los comandantes y funcionarios políticos de ambos bandos, quienes hicieron un gran negocio de la guerra.
No obstante, el flujo de alimentos, electricidad, armamentos, medicina y naftas que resultaban fundamentales para alimentar la vida diaria también se realizaba principalmente a través de túneles de contrabando que estuvieron operativos hasta mediados de 2017; cuando esta situación terminó con la ofensiva gubernamental de mediados de febrero de 2017 sobre los barrios de Barzeh y Qaboun en que capturó y destruyó estos pasos ilegales. En respuesta a esta nueva situación, Failaq al-Rahman, Tahrir al-Sham y Ahrar al-Sham lanzaron una fallida contraofensiva conjunta desde Jobar a mediados de marzo de 2017, mediante la cual recuperaron parte del territorio perdido, pero fracasaron en su fin último de conseguir la reapertura de los túneles de abastecimiento.
Sumado a las pérdidas territoriales que los rebeldes sufrieron de las zonas agrícolas a lo largo de los años de sitio se acentuó el deterioro de la calidad de vida dentro del enclave.
La situación de desesperación se agudizó a partir del cambio de política gubernamental en junio de 2017, propiciada por Rusia cuando el gobierno sirio decidió cerrar permanentemente el paso de Wadifeen.
Esto agudizó la crisis alimentaria dentro del enclave e hizo aumentar los precios de los productos básicos alimentarios en forma exorbitante, llegando a costar el kilo de harina hasta U$S 5 (cuarenta veces más lo que costaba fuera del sitio). Una lista de precios publicada por la Douma Coordination Group mostraba las diferencias de precios en productos básicos medidos en moneda siria dentro y fuera del enclave: Los precios del azúcar variaban de 120 SYP (Libras Sirias) a 2750 SYP, el precio de los huevos de 750 SYP a 5100 SYP, el precio del té de 1200 SYP a 8000 SYP y el precio de las papas de 90 SYP a 1300 SYP, solo como ejemplo de las distorsiones económicas producidas. A su vez, esporádicamente el gobierno habilitaba el cruce de caravanas alimenticias de las Naciones Unidas y la Media Luna Roja Siria para no ser acusados de crímenes contra la humanidad.
Dejar el enclave siempre fue difícil o prácticamente imposible, ya que la única vía de escape era a través del puesto de Wafideen en la zona norte. Si bien había acuerdos para que funcionarios gubernamentales pudiesen entrar y salir para cumplir tareas mínimas a lo largo de estos años, no sucedió lo mismo con los acuerdos para la evacuación de heridos, las que siempre se vieron dificultadas por la negativa del régimen para otorgar salvoconductos. Asimismo, el problema de las familias que deseaban abandonar el enclave era mucho más complejo ya que debían atravesar las diversas zonas de influencia de las milicias que dominaban el territorio y cobraban siempre un impuesto por el derecho a transitar.
Una vez llegadas al paso, estas personas debían primero obtener el permiso del Ejército del Islam bajo peligro de ver a las familias divididas, ya que los milicianos muchas veces arrestaban a las personas solamente por preguntar e impedían el cruce a toda persona en edad militar. Una vez obtenido el salvoconducto, atravesar la tierra de nadie tampoco era tarea fácil: Los valientes se enfrentaban a minas terrestres plantadas por ambos bandos y al humor de los francotiradores que disparaban a voluntad.
Los informes presentados sobre la situación general de la salud infantil y nutricional general de la población, realizados por “PAC Médicos a través de Continentes”, Turquía y Unicef en noviembre de 2017, publicados en un informe denominado Smart Syria, también ponían de manifiesto el deterioro alimentario producido en los últimos meses del sitio de Ghouta del Este, donde los índices de malnutrición infantil crónica alcanzaron hasta al 36% de la población total de infantes menores a 5 años de edad.
Debido a las privaciones alimentarias, los residentes habían visto su dieta reducida a la ingesta de agua y vegetales crudos como el maíz, repollo o coliflor en un 80%, debido a la reducción de los espacios cultivables. El informe detalla que la alimentación familiar a su vez se vio reducida a una comida diaria dando prioridad al alimento de los menores.
El 6 de febrero de 2018, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acusó oficialmente al gobierno sirio de crímenes contra la humanidad en un informe publicado por este organismo. También lo acusó de permitir deliberadamente el bombardeo y asesinato de civiles, así como el uso de agentes químicos contra la población y la negación de toda ayuda humanitaria y alimenticia a los efectos de producir la muerte por inanición de los habitantes.
