Mauricio Macri tiene una obsesión con el ahorro energético. En el invierno de 2016 instó a los argentinos a “abrigarse en casa” y no andar “en patas y remera”. Fue criticado por eso. La obsesión tiene causas: en los últimos 15 años la Argentina dejó de ser exportador, para pasar a ser neto importador de energía. Los últimos años de Cristina Kirchner el déficit anual (la diferencia entre exportaciones e importaciones de combustibles) rondada los 5 a 6 mil millones de dólares.
La obsesión era de Cristina también, y conviene recordarlo. A fines de enero de 2012, en su primer discurso después tras regresar de la famosa operación de tiroides cuya previa tuvo en vilo al país (mostró la cicatriz en el cuello), le sacó tarjeta naranja a las petroleras que “no reinvertían”: en 2011, precisó, se habían tenido que importar US$ 9.326 millones en combustibles, 110% más que en 2010. Lo atribuyó a la caída de la producción. Apenas unos meses después, en abril, anunciaba la “histórica” reestatización de Repsol-YPF, y un informe lapidario de Axel Kicillof hablaría de “vaciamiento” de la petrolera por parte de la española Repsol.
¿Cómo tiene las cosas Macri? Algo bajó porque bajó el precio internacional del petróleo, pero el déficit energético fue en 2017 de más de u$s 3.100 millones. Y cayó la producción también.
Ahorro, y quita de subsidios para bajar el déficit fiscal, es el objetivo actual que ha generado la batalla por las tarifas.
Un resumen de 7 páginas de la Secretaría de Energía que tiene en sus manos el Presidente sostiene:
Las tarifas de gas en ciudades con temperaturas similares como Santiago de Chile y Montevideo son 160% más caras, pero Buenos Aires consume 70% más.
El total de los servicios públicos (agua, luz, gas, transporte) es sólo el 8% del gasto total de los hogares promedio según el INDEC.
Parece haber una realidad del Excel y otra de la calle, donde hogares y empresas muestras los saltos desorbitados de sus facturas.
Macri aceptó la propuesta de sus socios de la UCR de prorratear los consumos del gas (le llaman pago en cuotas también, o tarifas aplanadas) para evitar que lleguen en agosto facturas exhorbitantes (4 veces más que en febrero). También aceptó postergar dos meses los cambios en la tarifa social que harán que dos millones de personas, los sectores más vulnerables, vean aumentada sus facturas. No aceptó Macri el tercer punto de la UCR: postergar el 50% del último aumento previsto, a octubre de 2019.
Nada que implique costo fiscal. El Gobierno quiere que los gobernadores compartan el costo en la tarifa social. No es mucha plata por dos meses, dicen (se habla de 150 millones), pero tiene carga simbólica: “nada es de arriba”.
En paralelo seguirá la pelea en el Congreso, donde la oposición se unificó “contra el tarifazo”. Pero el kirchnerismo con proyectos que van por volver atrás con los aumentos y congelar tarifas (hay uno de la propia Cristina); el peronismo no K y el massismo, por una suba “razonable” que no exceda la variación salarial. Cambiemos dice que es asunto del Ejecutivo y va por bloquear cualquier iniciativa.
