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El País

Imputaron al hermano de Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

La Justicia federal inició una investigación sobre Francisco Adorni, funcionario del Ministerio de Defensa, tras una denuncia que cuestiona el fuerte incremento de su patrimonio en un corto período.

El fiscal federal Guillermo Marijuán avanzó con una causa judicial contra Francisco Adorni, hermano del funcionario nacional Manuel Adorni, al imputarlo en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió posibles irregularidades en la evolución patrimonial del funcionario. El expediente quedó a cargo del juzgado federal de Sebastián Casanello, que delegó la instrucción en el fiscal para profundizar la pesquisa.

Como parte de las primeras medidas, la fiscalía requirió información a más de treinta organismos públicos y privados para reconstruir en detalle la situación económica, financiera y patrimonial de Francisco Adorni, quien se desempeñó en áreas clave del Ministerio de Defensa y posteriormente asumió funciones en el Instituto de Ayuda Financiera para retiros y pensiones militares.

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Según la denuncia, el crecimiento patrimonial declarado por el funcionario entre 2024 y 2025 despertó sospechas, ya que sus bienes habrían pasado de aproximadamente 43 millones de pesos a más de 80 millones en apenas un año. Entre los puntos observados figuran la compra de un vehículo y la cancelación anticipada de un crédito hipotecario de magnitud considerable.

La presentación judicial sostiene que, aunque algunos movimientos podrían ser compatibles con sus ingresos formales, existen dudas sobre la capacidad económica real para justificar semejante incremento patrimonial en tan corto tiempo.

La investigación buscará determinar si hubo ingresos no declarados, maniobras financieras irregulares o posibles hechos de corrupción vinculados al ejercicio de la función pública. Mientras avanza la recolección de pruebas, la causa pone bajo la lupa el patrimonio del funcionario y sus operaciones económicas recientes.

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