Un fallo de la Justicia en La Rioja sentó un precedente en materia de responsabilidad civil digital al condenar a una mujer a pagar una indemnización cercana a los 10 millones de pesos por hostigar a su expareja en redes sociales.
La sentencia acreditó que, tras la ruptura de la relación en 2019, la acusada inició una campaña sistemática de desprestigio que incluyó la creación y uso de perfiles falsos para difundir mensajes ofensivos y acusaciones sin sustento.
Uno de los aspectos centrales del fallo fue la forma en que se probó la autoría: la Justicia identificó coincidencias en el lenguaje, estilo de escritura y el uso de información íntima que solo alguien del entorno cercano podía conocer, lo que permitió vincular directamente a la mujer con las cuentas anónimas.
La víctima, un efectivo policial, sufrió consecuencias que excedieron lo emocional. Las publicaciones derivaron en la apertura de un sumario administrativo que afectó su carrera, impidiéndole acceder a ascensos durante el período en que se extendió el conflicto.
Además, el tribunal tuvo en cuenta que denuncias previas por violencia de género presentadas por la mujer fueron desestimadas por falta de pruebas, lo que reforzó la hipótesis de un hostigamiento sostenido.
El fallo establece que el anonimato en redes no exime de responsabilidad y marca un límite claro sobre el uso de plataformas digitales para dañar la reputación de otras personas.