Tras una sesión atravesada por fuertes cruces políticos, la Cámara de Diputados aprobó por 149 votos a favor y 100 en contra el proyecto que crea un nuevo Régimen Penal Juvenil y fija en 14 años la edad mínima de punibilidad para determinados delitos. La iniciativa ahora deberá ser debatida en el Senado para su eventual sanción definitiva.
Baja de la edad y alcance de las penas
El texto establece que los adolescentes de entre 14 y 18 años podrán ser penalmente responsables en casos de delitos graves, como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros. En esos supuestos, la pena máxima podrá alcanzar los 15 años de prisión, aunque la privación de la libertad queda definida como un último recurso y por el menor tiempo posible.
Para delitos con escalas penales más bajas, el proyecto contempla una serie de medidas alternativas, entre ellas:
Amonestaciones
Prohibición de acercamiento a la víctima
Servicios comunitarios
Monitoreo electrónico
Reparación integral del daño
Restricción para concurrir a determinados lugares
Prohibición de conducir vehículos
Además, se habilita la suspensión del juicio a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, priorizando mecanismos restaurativos.
Sustitución de la prisión
La iniciativa prevé que la prisión pueda ser reemplazada en delitos con penas de hasta tres años, o hasta diez años cuando no haya existido muerte ni violencia grave, siempre que exista dictamen favorable del fiscal y se garantice la participación de la víctima en audiencia.
Institutos especializados y enfoque integral
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de institutos especializados para adolescentes, con personal capacitado en niñez y adolescencia, y la prohibición absoluta de convivencia con detenidos adultos.
También incorpora programas obligatorios de:
Educación formal
Capacitación laboral
Asistencia psicológica
Tratamiento de adicciones
Todo ello bajo control judicial, con el objetivo de priorizar la reinserción social por sobre el castigo.
Presupuesto asignado
Un punto clave para lograr consensos fue la incorporación de una asignación presupuestaria específica de $23.739 millones, destinada a garantizar la implementación del régimen. Los fondos serán distribuidos entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación.
Un debate atravesado por la grieta
El tratamiento parlamentario estuvo marcado por posiciones encontradas. Desde el oficialismo y sectores aliados sostuvieron que la reforma busca actualizar un régimen vigente desde hace décadas y dar respuesta a delitos graves cometidos por menores.
En tanto, legisladores opositores cuestionaron la baja de la edad de imputabilidad, advirtiendo que podría no resolver los problemas estructurales de seguridad y reclamando mayor inversión en políticas sociales y preventivas.
Mientras el proyecto se encamina al Senado, el Congreso continúa debatiendo otros temas de alto impacto político y económico, como el Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que también divide posturas dentro del arco legislativo.
La discusión sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil promete continuar en la Cámara alta, donde se definirá si la reforma se convierte en ley.
