Evelio Ramallo está condenado a 22 años por ordenar el crimen de dos personas y ser un narco pesado y manejar la distribución de droga en el oeste santafesino, en la frontera entre Córdoba y Santa Fe. Maneja una de las franquicias de Los Monos en esa región. Yiyo, tal como se lo conoce, pasó por seis cárceles en distintos lugares del país, como Rosario, Coronda, Resistencia, Rawson, Marcos Paz y Ezeiza. Y en todos esos lugares donde estuvo detenido se las ingenió para mantener su negocio narco, ayudado por su pareja que está presa en Rosario.
Ramallo se hizo “famoso” en los medios, luego de protagonizar en 2018 un escándalo durante una audiencia en la que arrojó un tacho de basura al fiscal Guillermo Loyola, enojado porque había restringido sus visitas en el penal de Coronda. Por este hecho fue condenado a tres años de prisión.
En una investigación que realizó la fiscalía federal de San Francisco, Córdoba, y la Procuraduría de Narcocriminalidad se detectó que Ramallo tenía montada una cadena de provisión y distribución de droga que funcionaba de manera aceitada.
A través de sus empleados, compraba cocaína en Paraguay, la pasaba a Misiones y desde allí la trasladaba a Rafaela, por distintos canales, como transportes o encomiendas. En esta causa, que comenzó en la provincia de Santa Fe y se profundizó en Córdoba fueron detenidas 22 personas en las últimas horas en 45 allanamientos en Rafaela, Morteros, Brinkmamm y localidades aledañas.
En la investigación que comandaron la fiscal federal de San Francisco, María Schianni, y Diego Iglesias, de Procunar, se logró determinar que la estructura delictiva funcionó desde octubre de 2021 y fue dirigida por Ramallo desde las distintas cárceles federales en las que estuvo detenido. Su último traslado se hizo el 3 de febrero pasado, cuando fue enviado a Ezeiza, tras ser catalogado con perfil de alto riesgo por las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Ramallo seguía con el control de su negocio narco con la ayuda de teléfonos celulares que obtenía en las cárceles donde estuvo alojado. No importaba dónde estuviera detenido porque su celda se transformaba en una oficina virtual.
Lo mismo sucedió con su pareja, que se encuentra alojada en el Instituto de Detención de Mujeres de Rosario. Ella también coordinaba la distribución de la droga y la recaudación obtenida producto de ese negocio ilícito mediante comunicaciones que mantenía desde la cárcel.
Tanto Ramallo como su esposa tenían vínculos con personas ligadas a Los Monos, a las cuales recurrió para la concreción de algunos de los hechos de violencia que fueron investigados por el MPA de Santa Fe ligados al control territorial del comercio de drogas en Rafaela.
Este caso muestra cómo la criminalidad de Rosario impactó en otros territorios fuera de la ciudad, como localidades pequeñas de Córdoba y el oeste de Santa Fe.
A la par de esta investigación, el Ministerio de Seguridad de la Nación informó que la Policía Federal detuvo a tres personas que mantenían contacto con Luciano y Ariel “Guille” Cantero, líderes de Los Monos, que se encuentran cumpliendo condena en el penal de Marcos Paz. Entre los detenidos se encuentra una menor de edad que es hija de Luciano y sobrina de Guille.
En la investigación se detectó que “los líderes del clan Cantero mantenían comunicaciones telefónicas con miembros de su organización narco utilizando a dos de las detenidas como intermediarias. Es decir, cuando necesitaban comunicarse con sus subordinados para dar directivas llamaban a estas mujeres, quienes, a su vez y sin cortar la comunicación, conectaban “en conferencia” a los jefes con la persona que recibía las indicaciones”. De esta manera, preservaban la identidad de sus subalternos mientras utilizaban las líneas fijas del penal solo habilitadas para llamar a familiares registrados.
Mediante tareas de inteligencia, los agentes federales consiguieron determinar una serie de ubicaciones desde donde las implicadas recibían las comunicaciones. Las mujeres cambiaban permanentemente de lugar y se movían por lugares muy intrincados, según señaló el Ministerio de Seguridad de la Nación. La fuerza debió utilizar tecnología de última generación para detectar sus movimientos y conseguir la información necesaria para la instrucción de los allanamientos que terminaron en su detención.
