La Corte Suprema de Estados Unidos inició una investigación sobre si el estado de Carolina del Sur se basó en consideraciones raciales para rediseñar su mapa electoral, en una polémica maniobra que dejaría a 30.000 votantes negros fuera de su circunscripción electoral.
Según un tribunal de apelación de Charleston, una de las ciudades más importantes de ese estado, la mayoría republicana ha "exiliado a 30.000 ciudadanos afroestadounidenses", que representan un 62 % de la población negra local.
El panel dictaminó en enero que el mapa disminuía la influencia de los votantes negros en violación de las enmiendas 14ª y 15ª de la Constitución de Estados Unidos, que garantizan la igualdad de protección ante la Ley y prohíben la discriminación en el voto por motivos de raza.
El nuevo mapa de Carolina del Sur aumentaba la proporción de votantes blancos, mientras que reducía la de votantes negros, lo que el tribunal inferior denominó "blanqueo" ("bleaching").
De acuerdo con ese tribunal, "el factor racial fue el motivo predominante" de esta delimitación, que concluyó que las autoridades estatales practicaron "gerrymandering racial", informó la agencia de noticias AFP.
En Estados Unidos, los partidos políticos pueden trazar las fronteras de las circunscripciones electorales en función de sus intereses, lo que denominan "gerrymandering", una práctica que técnicamente es legal, pero prohibida si se lleva a cabo por motivos raciales y no por afiliación política.
La Corte Suprema, predominantemente conservadora, tendrá que distinguir entre afiliación política y consideraciones raciales, que a menudo se superponen.
Por ejemplo, tanto en Carolina del Sur como en Alabama, de los siete congresistas de la Cámara de Representantes seis son republicanos blancos y uno es un demócrata negro.
La semana pasada, un tribunal federal validó el nuevo mapa electoral de Alabama, uno de los estados del sur, incluyendo dos circunscripciones de mayoría afroestadounidense en vez de una.
El tribunal y la Corte Suprema, en una instancia posterior, invalidaron el mapa adoptado por la mayoría republicana, alegando que violaba la Ley de Derecho al Voto.
Esta ley de derechos civiles aprobada en 1965 tiene como objetivo evitar que los antiguos estados del sur, segregacionistas en aquel momento, del país nieguen a los afroestadounidenses el derecho al voto.
Para los activistas de derechos civiles, como la influyente ONG Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el tiempo apremia a medida que se acercan las presidenciales de noviembre de 2024.
A su vez, los estados de Georgia y Luisiana, ambos del sur y gobernados por republicanos, están pendientes de recursos sobre una nueva delimitación electoral, que incluye una circunscripción más, con población mayoritariamente afroestadounidense.
Los partes le piden a la Corte Suprema que emita un fallo antes de fin de año, para que dé el tiempo de finalizar el mapa antes de las elecciones de noviembre de 2024.
