(*) Marcelo Ramal
Cuando el dólar cruzó la barrera de los 19 pesos, algunos observadores señalaron que esa devaluación formaba parte de una estrategia oficial. Un mes antes, el Gabinete anunciaba una recalibración de la economía, mientras el dólar llegaba a los 18. Pero el viernes pasado, cuando la divisa cruzó la barrera de los 20 pesos, las cosas tomaron otro cariz. El Gobierno salió a vender casi quinientos millones de dólares en un día para evitar una suba mayor. Los voceros oficiales parecían emular aquel verso del gran compositor Chico Buarque: “Pálidos economistas piden calma”.
Esta corrida, naturalmente, no fue causada por los pequeños ahorristas, sino por grandes empresas y operadores. La conclusión es clara: la base social del macrismo toma nota del desconcierto que recorre al Gabinete, de cara al agravamiento de la crisis mundial y de las contradicciones del propio programa oficial.
La devaluación fue celebrada por los exportadores y por la burguesía industrial, que espera de ese modo poner un freno a la feroz presión importadora. Pero, en contrapartida, significa un golpe severo al carry trade, o sea, a la operación consistente en traer dólares de afuera, colocarlos en pesos a los elevados intereses locales y volver a retirarlos en dólares. Con la devaluación, la previsión de recomprar los dólares ingresados a un valor más o menos estable desaparece. Pero el segundo golpe a esta bicicleta ha sido asestado por la elevación de los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano y el derrumbe bursátil en ese país, que anticipa una fuga de los fondos especulativos de los países “emergentes”.
El reciclado de la deuda pública argentina y el saldo deficitario del país con el exterior —desde el comercio hasta el turismo— se han quedado sin financiamiento. La moneda nacional, en este cuadro, es una hoja al viento. Por eso, el gran capital se pasa al dólar. En esa línea, el agronegocio retiene sus cosechas y abre un fuerte interrogante para los meses venideros en materia de ingreso de divisas.
Pero ocurre que este proceso devaluatorio entra en choque con el andamiaje económico montado en estos dos años, y que suponía un largo período de reendeudamiento fondeado en el capital internacional. Sobre esta base, el Gobierno aspiraba a una estabilización inflacionaria y a una reactivación económica fundada en el crédito. En esa previsión, se dolarizaron las tarifas de los combustibles y se fogoneó el endeudamiento particular, desde los préstamos personales y las tarjetas hasta el sistema de créditos indexados para la compra de viviendas (UVA).
La devaluación, por otro lado, dispara un proceso explosivo. De conjunto, aquella hipoteca ya supera los dos tercios del producto bruto y se ha acrecentado con la devaluación reciente.
Asistimos a un sistema de beneficios garantizados al capital, cuya contrapartida es una exacción mayor a los trabajadores. Mientras la carestía de esta economía “indexada” augura una inflación que muy bien podría reiterar el 25% del año 2017 —¡solo el transporte crecerá un 66% de acá a agosto!—, el Gobierno anuncia un techo del 15% para las paritarias. Al tiempo que los especuladores obtuvieron una cláusula gatillo para sus rendimientos, se niega cualquier ajuste similar para los salarios. Pretenden paritarias “en orden” (y a la baja), cuando el desorden del régimen económico que han prohijado se torna cada vez más evidente. Es necesario que los trabajadores debatan esta situación para oponerle a este desbarajuste una salida propia, que parta de la defensa del salario y el derecho al trabajo.
(*) El autor es legislador porteño por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Economista, docente de la UBA y la UNQ.
