El uso excesivo de la fuerza por parte de las agencias de seguridad y la incapacidad del gobierno de crear un entorno propicio para el diálogo son motivo de gran preocupación, señala un grupo de relatores especiales refiriéndose a la violencia policial en las protestas que tienen lugar en el país andino desde la destitución del presidente Pedro Castillo en diciembre pasado y que han dejado casi 50 muertos.

En la región peruana de Puno, varios manifestantes se acercaron a un grupo de uniformados pertrechados con escudos y, en lugar de intercambiar piedras y golpes como en las últimas semanas, se tiraron mutuamente baldazos de agua y espuma.

Los aludes en Perú ocurrieron en el sur del país. La presidenta Dina Boluarte declaró el "estado de emergencia" en esa región. Se movilizaron el Ejército y otras fuerzas en un amplio operativo.

Con 45 votos a favor, 65 en contra y dos abstenciones, el Congreso se opuso a la iniciativa de la presidenta, Dina Boluarte, quien reconoció que se agudizaron las protestas, bloqueos y la violencia con que piden su renuncia.

Las protestas se dan en reclamo de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, quien descartó que vaya a presentar su dimisión.

"Hemos lamentado las muertes y los heridos que se han producido y hemos pedido información sobre qué está haciendo el Gobierno para evitar que estas muertes y heridos se repitan", declaró un funcionario de la ONU tras reunirse con el primer ministro, Alberto Otárola.

Las manifestaciones que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte también provocaron 98 cortes de rutas que siguen activos en ocho regiones, incluida la capital, Lima. El Gobierno abrió ocho investigaciones por la trágica represión de las marchas en todo el país.

Ante las continuas manifestaciones, los edificios públicos y aeropuertos en las regiones afectadas están resguardados por policías y militares, quienes fueron autorizados a intervenir tras la declaratoria de un estado de emergencia a mediados de diciembre.

Se contabilizaron cinco fallecidos en las últimas horas, los cuales eran heridos graves. Las manifestaciones se registraron cuando unas dos mil personas intentaron tomar por asalto el aeropuerto de la ciudad de Juliaca.

La mujer y los dos hijos del destituido presidente de Perú arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fueron recibidos por Martín Borrego Llorente.

La presidenta del Perú indicó que las investigaciones contra Lilia Paredes no le impedirían a la exprimera dama solicitar un asilo político en otro país.

Tras la detención del expresidente peruano, el diplomático llegó hasta la sede donde se encuentra detenido Castillo Terrones para brindarle su apoyo.

Horas atrás, el presidente peruano anunció por cadena nacional la disolución del Congreso y decretó estado de excepción y toque de queda, aunque la oposición lo denunció como un golpe de estado y las autoridades tomaron cartas en el asunto.

En cadena nacional, Pedro Castillo, acusado de numerosos y graves delitos de corrupción, anunció la disolución del Congreso y decretó gobierno de excepción. La oposición lo tilda como un golpe de estado.