Tras sufrir cuantiosos robos en su vivienda y negocio, le pidió a una mujer en quien confiaba que le guardara una mesa y sillas de algarrobo. El esposo las vendió por Facebook. Las identidades del matrimonio y la compradora.
Al notar el faltante de dinero en su cuenta, consultó los movimientos al personal. Hubo tres débitos, todos ellos el pasado lunes 21, por $100 mil, $90 mil y $70 mil.
La denunciante descubrió que la "letrada" que contrató para una demanda contra su expareja no está matriculada en el Colegio de Abogados, y nunca inició en tribunales el trámite para el cual había recurrido a sus "servicios".
En un allanamiento en su vivienda del Bº Villa Suaya, los efectivos la pusieron tras las rejas.
En el marco de las pesquisas se realizaron pericias telefónicas, en las cuales surgieron datos que darían cuenta de la participación de las detenidas en los hechos ilícitos que son motivo de investigación. Hay otro sujeto involucrado.
Así lo planteó ayer la defensa de dos de los tres implicados en el hecho. Excarcelaron a todos tras rechazar la preventiva que pidió la fiscalía. Se impuso una fianza personal de 500 mil pesos a cada involucrado.
Hicieron extracciones de dinero por 400 mil pesos desde la cuenta de la víctima y quedaron filmados en videos de los cajeros automáticos.
Cecilia Torres Otarola había hecho pasar a la niñera de sus hijos como empleada de la Legislatura y a su jardinero como funcionario.
La víctima descubrió todo cuando quiso percibir sus haberes. Allanaron una vivienda y la principal sospechosa de la defraudación fue puesta tras rejas.
Ofrecieron vender un inmueble que no estaba a la venta y recibieron 15 mil dólares de las víctimas, quienes eran los que alquilaban la vivienda.
Las detenciones se concretaron ayer, al allanar los barrios Torres del Río, América del Sur y Tarapaya. Todo se descubrió a partir de la queja de una persona. Las sumas no eran ingresadas a las arcas del Estado. El informe.
Se trata de Ángel Aldo Carrizo, a quien se endilga el delito de defraudación. El fiscal Carlos Vega solicitó dictar la prisión preventiva al inculpado, y la defensa oficial que lo asiste requirió la excarcelación ordinaria, que no prosperó.
El fiscal investigó los convenios firmados por quienes conducen hoy el organismo. Detectó inconsistencias y que aumentó 26 veces el monto pagado en la gestión anterior.
Mientras la Policía investigaba un supuesto rapto del empleado de comercio. Se investiga a la familia. Fue imputado del delito de defraudación.
Se trata de Daniel Agustín Castillo, a quien la Dra. Belkis Alderete imputó el delito de defraudación mediante el uso de tarjeta de compra, crédito o débito, o mediante el uso no autorizado de sus datos, y pidió prorrogarle la detención.
