Miriam Nallar, titular de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia, se refirió ayer –en diálogo con Nuevo Diario– al proyecto que busca bajar la edad de punibilidad a 13 o 14 años para delitos "graves" (en 16 años, actualmente).
"No compartimos que la baja de la edad pueda reducir la criminalidad o las situaciones delictivas a las que se ve afectada la población", introdujo.
Vale recordar que la Cámara de Diputados aprobó el jueves pasado la Reforma Penal Juvenil (149 votos a favor y 100 en contra) y que el proyecto deberá ahora ser ratificado en el Senado antes de convertirse en ley.
"Las estadísticas muestran que la cantidad de hechos delictivos, de cualquier índole y en los que se ven involucrados adolescentes, es ínfima en comparación con la de adultos", expuso.
Nallar entendió que "hablar de niñez y de delitos cometidos por adolescentes es algo que 'shockea' a la población" y que los pone "en una situación de exigir una respuesta inmediata"; sin embargo, ratificó: "Los contextos de encierro no son lugares donde deban estar los niños porque ellos tienen personalidades aún en desarrollo y esto les dejará secuelas muy difíciles de trabajar".
Consultada sobre la frase "Delito de adulto, pena de adulto", la subsecretaria reflexionó: "La Convención sobre los Derechos del Niño y las normativas nacionales e internacionales abordan al niño y al adolescente porque es un sujeto en desarrollo. El Código Civil del 2015 habla de la autonomía progresiva del adolescente. Jamás puede asimilarse el comportamiento de un adolescente o su experiencia de vida para entender acabadamente la criminalidad de los hechos o de cualquier situación, como la tiene un adulto".
Asimismo, la funcionaria agregó: "Existe una progresividad con respecto a la responsabilidad, que está marcada por la Convención sobre los Derechos del Niño y por nuestro Código Civil. Un niño nunca puede desarrollarse en un contexto de encierro".
"Estamos armando dispositivos tendientes a restituir derechos"
Según informó Nallar, en la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia "se trabaja" con un área vinculada a adolescentes en conflicto con la ley penal, la cual está compuesta por un equipo interdisciplinario.
"Articulan con los jueces de Responsabilidad Penal Juvenil y con Nexo. Asisten a audiencias; visitan a las familias; arman dispositivos, es decir, medidas penales-territoriales (alternativas al encierro)", explicó.
En rigor, la estrategia consta "en que la familia, que es el primer obligado en cuidar a ese niño, lo contenga, lo aloje y le restituya los derechos"; a su vez, "se trabaja en la responsabilización subjetiva: que pueda entender que hubo un delito, enfrentarse al delito que causó y reparar los derechos de la víctima".
Las medidas penales-territoriales "son dispositivos que se acuerdan en el juzgado para que el encierro sea la última alternativa, pero son medidas coactivas: el adolescente debe cumplir con lo que ha diseñado el equipo tendiente a restituir derechos".
Nallar remarcó que en Santiago del Estero se ha sancionado la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, en 2022, y se creó Nexo.
La normativa local establece: "El procedimiento penal aplicable a personas menores de 18 años, creando un sistema de justicia juvenil garantista que busca la reinserción y oportunidades, no solo el encierro, adaptando el proceso a las necesidades de los adolescentes que cometen delitos, y se enfoca en un enfoque terapéutico y de derechos humanos".
"Quiero destacar la articulación que hay con el Sistema de Protección Integral de todos los organismos del Estado. Constantemente estamos armando, rediseñando y redirigiendo dispositivos tendientes a restituir derechos para cada adolescente, de acuerdo a su interés superior, que tienen que ver con su realidad, con su comunidad y con su contexto familiar", concluyó.
