En comunicación con el equipo de Nuevo Diario, Rocío Carreras, miembro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, se mostró “con una enorme preocupación” porque “el Estado nacional no solo es negacionista, sino que también promueve los conceptos de ‘guerra’, ‘dos bandos’ y la remanida ‘teoría de los dos demonios’, poniendo en evidencia la intención de construir nuevos sentidos y consagrar la impunidad”.
Miles de personas repudiaron el sábado pasado los cientos de despidos que se efectuaron en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, además del anuncio del “cierre y reestructuración” del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en las inmediaciones de la ex-Escuela de Mecánica de la Armada, en Buenos Aires.
Carreras acusó que “el desfinanciamiento y los despidos masivos de trabajadores dejan a estos sitios sin poder garantizar su funcionamiento y conservación, poniendo en peligro la preservación de la memoria y las investigaciones judiciales asociadas a estos lugares”.
Para la funcionaria, los excentros clandestinos de detención son “espacios o sitios de memoria que promueven la reflexión y formación de la ciudadanía para la no repetición de hechos atroces”.
“Son prueba material de lo ocurrido y una reparación simbólica para las miles de víctimas que atravesaron estos lugares de terror”, agregó.
Según trascendió, habría unos 600 trabajadores cuya continuidad laboral está en duda en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
“El último año fueron despedidos perversamente miles de trabajadoras y trabajadores que sostenían las políticas de memoria, verdad y justicia, ya sea en sitios, espacios y archivos, y programas de investigación en relación a la búsqueda de identidad y los juicios por crímenes de lesa humanidad”, precisó.
La entrevistada, en ese sentido, sostuvo que “la memoria también es un derecho del pueblo”, por lo tanto “la defendemos al igual que el derecho al alimento, la salud, la vivienda, la educación y el trabajo, que también se han visto gravemente vulnerados con este gobierno”.
Carreras apuntó que el Gobierno nacional “no solo pondera las políticas de hambre y exclusión, sino que también está dispuesto a implementarlas a costa de represión, tal como lo está haciendo”.
Y completó: “Todo lo que era orgullo y patrimonio de nuestro pueblo está siendo atacado, desfinanciado y estigmatizado: las universidades públicas, la ciencia y la tecnología, la salud y la educación pública, las políticas de ampliación de derechos que nos distinguieron como la Ley de Identidad de Género, de Matrimonio Igualitario y el Instituto Nacional contra la Discriminación. A esto se le suma, por supuesto, el desmantelamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia”.
La funcionaria resaltó la necesidad de mantener vigente la agenda de memoria, verdad y justicia “para la consolidación de una sociedad más democrática y con más derechos”.
