En un reciente programa del ciclo Actualidad Política de Radio LV11, Francisco Orellana, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), planteó una problemática de creciente preocupación para los trabajadores estatales: el desmantelamiento de organismos públicos, la amenaza de despidos y la precarización laboral. Orellana destacó el constante estado de alerta en que se encuentran debido a las "sorpresas" que enfrentan a diario, tales como el cierre de instituciones y la presión sobre empleados para que se jubilen anticipadamente.
“Estamos en contacto permanente con la junta nacional de ATE, y todos los días tenemos una nueva sorpresa. Son cierres de organismos, disoluciones… en el caso de AFIP, tenemos amenazas de despidos y jubilación masiva de compañeros", manifestó el delegado, enfatizando que la situación se vuelve insostenible para muchos trabajadores.
Uno de los aspectos más críticos que abordó fue la presión para reducir la planta estatal en favor de un modelo “más eficiente” orientado a las grandes corporaciones. "Se rompe el estado de bienestar para los trabajadores y para los sectores más humildes, para hacer un estado eficiente, pero para las corporaciones", explicó, aludiendo al proyecto que considera en detrimento del bienestar público y que limita las oportunidades laborales en un contexto de creciente precarización.
La movilización de los trabajadores estatales no se ha hecho esperar. Según Orellana, ATE está organizando protestas en distintos puntos del país, como en Córdoba, donde se busca federalizar la protesta y "defender el estado de bienestar" mediante piquetes y cortes de ruta. A esta expresión de resistencia se suman empleados de la AFIP en Tucumán, quienes recientemente realizaron una manifestación frente al organismo para expresar su rechazo a las medidas de ajuste.
Estabilidad
Orellana expresó que la estabilidad laboral, considerada un derecho fundamental en el ámbito estatal, se encuentra bajo amenaza. El delegado comentó cómo la promesa de seguridad en el empleo parece desvanecerse en un contexto donde prevalece la incertidumbre. "La estabilidad del empleo público era un verso que existió alguna vez y hoy ya no existe más", sostuvo, recordando el caso de empleados que, tras más de 30 años de servicio, son despedidos sin indemnización ni aviso previo.
Además, Orellana destacó el nuevo sistema de renovación de contratos cada tres meses, una medida que, según él, permite un proceso de selección arbitrario y masivo de despidos. “Estamos esperando que terminen las licencias por maternidad o enfermedad de algunos compañeros para que, al término de esa licencia, dejen de ser trabajadores del Estado", señaló.
El delegado de ATE también advirtió sobre el cierre de organismos estratégicos y la privatización de instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Según él, esta medida responde a una lógica de apropiación de los recursos que poseen estas instituciones, como terrenos y maquinaria, en beneficio de unos pocos.
En cuanto al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Orellana hizo énfasis en que ambos están en la mira para su posible cierre, lo que afectaría a científicos de renombre y profesionales del sector artístico. Al respecto, expresó que el impacto de estas decisiones tiene una repercusión directa en la sociedad: “Se están dejando a merced de negociados corporativos áreas que cumplen un rol crucial para el desarrollo y bienestar del país”, sostuvo.
ATE y las acciones futuras
El sindicalista subrayó que, ante estas situaciones, las acciones gremiales se vuelven cada vez más necesarias, aunque enfrentan desafíos en un contexto donde el diálogo con el gobierno es escaso. En este sentido, se refirió a la convocatoria de ATE a un paro nacional para el 29 de este mes, el cual será apoyado por otras organizaciones y se espera que culmine en una huelga de transporte el 30.
"Estamos buscando formas de decirle basta, pacíficamente, pero este gobierno se tiene que ir, porque gobierna para el 10% de los argentinos más ricos y las corporaciones", concluyó Orellana.
