Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia aseguraron ayer –a través de un comunicado de prensa– que "los pagos de pensiones y beneficios por discapacidad ya se encuentran en ejecución, conforme a lo ordenado por la Justicia Federal y a los cronogramas oficiales del organismo pagador (Administración Nacional de la Seguridad Social).
"Superadas las instancias judiciales en el fuero federal, se logró el restablecimiento de las pensiones y beneficios por discapacidad, que habían sido suspendidos, retenidos o dados de baja de manera masiva por la Agencia Nacional de Discapacidad. Como consecuencia del fallo judicial federal firme y de las resoluciones administrativas dictadas en cumplimiento de lo ordenado por la Justicia Federal, los beneficios comenzaron a abonarse durante el mes de diciembre de 2025, incluyendo los montos retroactivos correspondientes, de acuerdo con la fecha en que cada prestación hubiera sido interrumpida", explicaron.
Advertencia por estafas
Desde la Defensoría advirtieron que "hoy se da un contexto propicio para que personas inescrupulosas intenten aprovecharse de la situación de vulnerabilidad, ofreciendo 'gestiones', 'intermediaciones' o 'aceleración de trámites' a cambio de dinero u otras contraprestaciones, lo que no corresponde"; por lo tanto, ratificaron que "la normalización de los pagos se realiza conforme a los cronogramas habituales del organismo pagador", el cual "alcanza a los beneficiarios de todo el territorio nacional que se encontraban injustamente privados de un ingreso esencial para su subsistencia".
A tener en cuenta
Según el organismo provincial, es importante "enfatizar" que:
- Todos los trámites, consultas y gestiones vinculadas a pensiones por discapacidad son absolutamente gratuitos.
- No se cobran tasas, honorarios ni ningún tipo de contraprestación, bajo ninguna circunstancia.
- Las gestiones se realizan de manera personal y directa en la sede central de la Defensoría del Pueblo y en sus delegaciones del interior provincial.
En rigor, solicitaron a la ciudadanía que, "ante la presencia de personas que ofrezcan su mediación o soliciten pagos, se realice la denuncia inmediata ante la Defensoría del Pueblo, sus delegaciones del interior y/o la Policía de la provincia, dado que los procesos judiciales y administrativos ya se encuentran en etapa de ejecución y cumplimiento".
El rol de la Justicia
En el comunicado también recordaron que la suspensión de las pensiones se produjo "en el marco de políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional, que derivaron en la interrupción de beneficios sin el debido proceso administrativo, sin notificación adecuada y sin respeto de los plazos y garantías legales vigentes".
Asimismo, consideraron que "la intervención judicial resultó determinante para reparar esta situación, ordenando la restitución inmediata de las prestaciones, con carácter retroactivo, y reafirmando que las auditorías en materia de discapacidad solo pueden realizarse conforme a la ley, con criterios claros, plazos razonables y pleno resguardo de los derechos de las personas afectadas".
Compromiso institucional
Por último, reafirmaron "su compromiso de acompañar, orientar y proteger a las personas con discapacidad y a sus familias, garantizando el acceso igualitario a los derechos, el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales y la vigilancia permanente del proceso de pago hasta su total normalización".
¿Qué se sostuvo en la demanda?
- Que el decreto 843/24, al restablecer los criterios restrictivos del decreto 432/97 (exigencia de incapacidad total y permanente, prohibición de contar con empleo registrado, etc.), implicó una regresión en el acceso a derechos, contraria a los principios de progresividad y no regresividad en materia de discapacidad.
- Que la posterior Resolución 1172/25 y el edicto 19.437/25 habilitaron auditorías médicas y revisiones que se aplicaron de modo irregular y lesivo, sin respetar la información adecuada ni las garantías básicas de notificación.
- Que las suspensiones de las pensiones se hicieron sin acto administrativo previo, con los beneficiarios enterándose por la falta de depósito del haber y, en algunos casos, por cartas documento de redacción técnica y poco accesible.
- Que este modo de proceder vulneró el derecho de defensa, el debido proceso administrativo, el derecho a la propiedad sobre el beneficio ya adquirido y, de manera directa, el derecho a la salud y a una subsistencia digna.
