La Dra. Daniela Águila, titular de la Secretaria de Derechos Humanos a cargo de la Dirección Provincial de Discapacidad, expresó en diálogo con Nuevo Diario su profunda preocupación ante el anuncio de las auditorías masivas que el Gobierno nacional pretende realizar sobre las pensiones por discapacidad.
"Estas revisiones no solo generan incertidumbre y angustia en las personas titulares de derechos y sus familias, sino que también ponen en riesgo derechos adquiridos que se encuentran amparados tanto por nuestra legislación nacional como por los tratados internacionales de derechos humanos que Argentina ha ratificado y que tienen jerarquía constitucional", expresó Águila.
En primer lugar, la funcionaria provincial consideró "fundamental subrayar que las personas con discapacidad no son responsables del déficit económico que se alega como justificación para implementar estas medidas. Se han mencionado cifras millonarias que supuestamente sostienen la necesidad de ajustar el gasto público en este rubro, pero no existe una explicación clara y pública de dónde surgen esos números ni de qué metodología se utilizó para llegar a esas conclusiones".
Entonces, la secretaria advirtió que "la falta de transparencia en la construcción de estos datos deja en evidencia la precariedad de los argumentos y genera una estigmatización injusta hacia uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad".
Al respecto, la secretaria de DD.HH. alegó que "las pensiones por discapacidad tienen una razón de ser estrictamente vinculada con la protección e inclusión de las personas con discapacidad y la garantía de una vida digna. Estos derechos fueron concebidos para resguardar a un grupo de personas, cuyas posibilidades de inserción laboral, social y económica suelen verse limitadas por barreras estructurales". Sin embargo, pidió tener en cuenta que "el impacto de la quita de una pensión va mucho más allá del aporte económico mensual que representa: implica también la pérdida de la cobertura médica esencial para el tratamiento de la discapacidad. Esto incluye acceso a medicamentos, rehabilitación, terapias específicas, estudios médicos, insumos ortopédicos, transporte adaptado, docentes para la inclusión educativa, entre otros. La interrupción de estos servicios, no solo genera una vulnerabilidad extrema, sino que además atenta contra la calidad de vida y la salud de las personas con discapacidad".
Entonces, la Dra. Águila sostuvo que "al imponer auditorías masivas sin una estrategia clara de acompañamiento, se está promoviendo el camino a la quita indiscriminada de pensiones, lo que redundaría en una grave vulneración de los derechos humanos y de los principios de progresividad y no regresión que amparan a las personas con discapacidad. No se puede perder de vista que estos derechos no son un privilegio ni una dádiva del Estado, sino derechos conquistados en el marco de un sistema de protección integral que reconoce la necesidad de garantizar equidad e inclusión".
Mientras abundó en la argumentación respecto a que "la estigmatización y la búsqueda de culpables del déficit económico no pueden ni deben justificarse bajo el argumento de la transparencia en la asignación de recursos. Si bien es comprensible que el Estado busque optimizar el uso de fondos públicos, estas revisiones deben ejecutarse con criterios técnicos, con pleno respeto a los estándares de derechos humanos y con la necesaria mirada interdisciplinaria que involucre a profesionales especializados".
Respecto de las auditorías, entendió que "deben estar al servicio de la verificación transparente y justa, no de la persecución y el recorte sobre quienes menos culpa tienen y más protección requieren".
Finalmente, advirtió que "la justificación del ajuste basada en la llamada 'radiografía del perro', no solo es un argumento falaz, sino una falta de respeto absoluta hacia las personas con discapacidad y sus familias. Utilizar un caso aislado y sin pruebas concretas como base para deslegitimar un derecho fundamental es un acto de cinismo y manipulación. ¿Desde cuándo una anécdota sin sustento puede ser el fundamento para recortar derechos adquiridos? Este tipo de discurso no solo estigmatiza, sino que busca instalar la idea de que las pensiones por discapacidad son otorgadas de manera fraudulenta, desviando la atención de los verdaderos problemas estructurales del país".
