Daniel Escobar Correa, defensor del Pueblo de la Provincia, anunció ayer que la Justicia Federal N° 1 de Santiago del Estero ordenó restituir pensiones por discapacidad suspendidas.
"Estamos muy contentos porque esta mañana recibimos la noticia de que la Justicia nos dio la razón y reconoció la urgencia de proteger a estas personas. Se trata de ciudadanos sumamente vulnerables, cuyos derechos habían sido afectados por medidas arbitrarias del Gobierno nacional", expresó Escobar Correa en comunicación con Actualidad Política de LV11.
En rigor, el amparo fue presentado el martes de la semana pasada y llevó las firmas del defensor del Pueblo; Leandro Javier Drube, defensor de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes; Nora Chazarreta, presidenta de la Asociación de Enfermos de Artritis Reumatoidea y Familiares; María del Valle Sosa, de "Luz de Esperanza"; y Mario Ferreyra, de Ayuda a Niños con Capacidades Diferentes.
"Estas personas dependen exclusivamente de esa pensión para poder vivir, y muchas incluso necesitan la asistencia constante de sus familiares. No se puede hablar de achique ni de depuración de padrones afectando derechos tan esenciales. Cada caso es un mundo diferente, y debe ser tratado con humanidad, sensibilidad y respeto a los plazos legales", señaló el funcionario.
Según acusó el abogado, las auditorías fueron realizadas de manera "irregular", sin notificación "fehaciente a los beneficiarios ni consideración de la situación particular de cada uno". "Fue un procedimiento mal llevado a cabo que desconoció el debido proceso y dejó en estado de indefensión a miles de personas", agregó.
La resolución ordena que se retrotraigan las medidas y que el Estado nacional restituya las pensiones suspendidas o dadas de baja en la provincia.
