La polémica desregulación impulsada desde Nación encendió todas las alarmas en Santiago del Estero. La Defensoría del Pueblo de la Capital, encabezada por Luis Ger, emitió un contundente informe oficial para advertir sobre las graves consecuencias de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte. Esta nueva normativa elimina de cuajo el régimen de compensaciones económicas que el Estado Nacional abonaba a las empresas por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer.
Todo indicaría que, bajo el amparo del nuevo régimen de libertad tarifaria, el gobierno central busca que las prestatarias absorban los costos dentro de su propia estructura económica. Sin embargo, desde el organismo local exponen la crudeza de la realidad. Según su relato documentado, esta decisión restringe de manera indirecta el derecho al transporte, obligando prácticamente a las firmas a limitar los cupos, reducir las frecuencias en rutas menos rentables y generar mayores trabas burocráticas a la hora de emitir las reservas.
Esta situación golpea directamente a los ciudadanos del interior profundo de nuestra provincia y de toda la región del NOA, quienes dependen exclusivamente de los colectivos de larga distancia ante la falta de conexiones ferroviarias o aéreas para llegar a los centros de salud de alta complejidad.
Tarifazos y monopolio regional
El peso de esta decisión nacional recae inevitablemente sobre el bolsillo del usuario común. Al tener que internalizar estos costos sociales, las empresas terminarán financiando el agujero económico mediante un aumento generalizado de las tarifas en las boleterías. En el actual contexto inflacionario, este encarecimiento genera una caída abrupta de pasajeros y profundiza aún más las asimetrías federales.
Además, el informe de la Defensoría del Pueblo advierte sobre un inminente riesgo para los operadores regionales. Las firmas pequeñas o medianas no logran soportar esta carga imprevista, lo que fomenta el cierre definitivo de líneas y abre la puerta a la monopolización del servicio en manos de las grandes corporaciones.
"El principal peligro no es la eliminación formal del derecho, sino su vaciamiento práctico y operativo", sentenció el Defensor del Pueblo en su escrito, dejando en claro el oscuro panorama que se avecina para los sectores vulnerables. De esta manera, el Estado conserva derechos sociales en los papeles, pero abandona los mecanismos para sostenerlos, logrando que el derecho exista en la ley pero resulte casi imposible ejercerlo en la realidad.
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