Daniel Escobar Correa, defensor del Pueblo de la Provincia, se mostró ayer –en diálogo con Nuevo Diario– "bastante preocupado" por "la falta de prestaciones y la situación laboral de toda la gente que está en PAMI".
Actualmente, la obra social mantiene una deuda que supera los $500.000.000.000 con sus prestadores (clínicas, sanatorios y laboratorios).
"Esta situación está repercutiendo en todos los institutos que tienen cobertura. Un montón de centros privados van a cerrar. Hay demoras de pagos de hasta seis meses; en algunas provincias más, en otras menos", advirtió.
En rigor, se trata de una deuda que afecta a "ciudadanos con un elevado margen de vulnerabilidad"; es decir, "personas que, muchas veces, no pueden procurar vivir solas, no pueden procurar su situación médica o económica".
Consultado sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, Escobar Correa garantizó que, junto a sus pares, "la venimos peleando judicialmente" para que sea efectivamente cumplida.
"Estamos trabajando fuertemente: tratamos de buscar algún tipo de presentación, porque la Justicia tiene que entender que las defensorías no solo son competencias provinciales. Estamos en una situación de vulnerabilidad grande: la tutela del bien mayor, que es la salud y la vida de estas personas", expuso.
Vale recordar que la normativa fue en febrero de este año reglamentada y oficializada a través del Decreto 84/2026, publicada en el Boletín Oficial.
Según el defensor, "recibimos consultas a diario", en Perú 546, ciudad Capital, sobre PAMI.
"Estamos enviando prácticamente todos los días pedidos de informe a PAMI para que nos informen qué pasa con la provisión de los medicamentos. Esta situación está generando un clima de zozobra muy fuerte. Obviamente, las defensorías no pueden mirar para otro lado. Tutelamos estas circunstancias y estamos en alerta permanente", aseguró.
Sin embargo, el funcionario acusó que "nunca se reciben respuestas".
"Los empleados tienen toda la buena voluntad, pero si no les dan los medios para la provisión de medicamentos… Estas personas deben tener tres o cuatro medicamentos con cobertura gratuita: si no los toman, se mueren. No hay una interpretación diferente. Están jugando con un bien mayor, que es la vida de las personas, en virtud de un ajuste, de que los números cierren. ¿Hasta dónde esto debe ser tolerado?", cuestionó.
En ese sentido, el abogado recordó que "hay institutos privados que manejan el tema de la discapacidad y que se nutren del pago de esta obra social, como para el acompañamiento terapéutico"; no obstante, "al no cobrar las prestaciones, no pueden pagar al personal con el cual vienen trabajando hace años".
"Espero equivocarme, por el bien de todos: no tengo una perspectiva buena hacia el futuro", lamentó, y justificó: "Los temas 'salud' y 'necesidades básicas' están totalmente dejados de lado en virtud de que los números cierren".
De acuerdo con el entrevistado, los funcionarios del Gobierno nacional "se van a dar cuenta de que están a un año de las elecciones y van a buscar la reelección"; por ende, "van a dar pequeñas soluciones para tratar de motivar la esperanza" del electorado, aunque "no van a ser cuestiones de fondo".
"No hubo una sola política tendiente a lograr una mejora del empleo, de las condiciones de salud, de las inversiones. Todo es recortar aquí, recortar allá; dejar personas sin trabajo. Una persona de 45 años y que queda sin trabajo porque cierran un organismo nacional… ¿Qué va a hacer? Son cuatro o cinco los que viven de ese sueldo. Juegan con el trabajo, sin generar pautas para que el empleo crezca", denunció.
Por último, Escobar Correa ratificó: "El panorama no es bueno… Espero equivocarme y que se revierta y se tomen decisiones políticas. El tedio social de contención está totalmente anulado, totalmente destruido. Va a costar mucho volver a crear un tedio de contención para las personas vulnerables".
Comunicado de la Defensoría del Pueblo de la Provincia
La Defensoría del Pueblo de la Provincia, en consonancia con lo manifestado por la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina, expresa su preocupación ante la situación que atraviesa el PAMI.
En distintas jurisdicciones del país se ha verificado un incremento de reclamos vinculados a demoras en autorizaciones, dificultades en el acceso a medicamentos, interrupciones en prestaciones de salud y deudas con prestadores, lo que impacta directamente en la atención.
Las medidas adoptadas en el sistema han generado incertidumbre en los profesionales de la salud y riesgos en la continuidad de la red prestacional.
Se solicita a las autoridades competentes la adopción urgente de medidas que permitan garantizar el acceso efectivo a la salud, la continuidad de tratamientos, la regularización de pagos y condiciones adecuadas para el funcionamiento del sistema.
La protección del derecho a la salud de las personas mayores constituye una obligación prioritaria del Estado.
