Tras una intensa jornada en el recinto y en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, donde ayer comenzó a debatirse la ley ómnibus que reclama el presidente Javier Milei, las autoridades del cuerpo y los bloques legislativos pidieron un cuarto intermedio con el objetivo de que el cuerpo no siga sesionando durante la madrugada. El acuerdo de las distintas bancadas, a excepción del kirchnerismo, es que el encuentro sea retomado desde hoy al mediodía.
Los incidentes que tuvieron lugar en las inmediaciones del Congreso mientras se desarrollaba la sesión terminaron por convencer a los diputados que lo mejor sería pasar a un cuarto intermedio, para bajar la tensión dentro y fuera del palacio, y volver a reunirse este jueves a las 12.
El quorum de la sesión se garantizó alrededor de las 10.30 gracias al aporte de los bloques aliados -UCR, Pro, Hacemos Coalición Federal e Innovación-, además de los tres diputados nacionales que conforman la bancada Independencia, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, del PJ. La sesión comenzó con 134 legisladores presentes sobre los 257 que integran el cuerpo.
A pesar de que diputados de diversos bloques de la oposición amiga cuestionaron fracciones del texto impulsado por el Ejecutivo, se espera que la mayoría dé su aval para que el oficialismo logre su aprobación en general. Eso sucedería hoy, ya que se calculan 35 horas de debate. Los 100 legisladores kirchneristas, agrupados en el bloque Unión por la Patria, y los cinco del Frente de Izquierda y los Trabajadores se encaminan a un rechazo total.
A pesar de este apoyo, el Gobierno podría sufrir un serio revés durante el debate en particular de algunos de sus artículos claves, entre ellos los referidos a las privatizaciones de empresas públicas. Tanto el radicalismo como Hacemos Coalición Federal ponen reparos con la venta de determinadas compañías que consideran con un valor estratégico nacional, así como con el procedimiento pautado para ello, que valoran poco transparente.
Otro foco de conflicto aún no saldado es el de las facultades delegadas que el Poder Ejecutivo pretende arrogarse por un año, con la posibilidad de ser prorrogado por otro año más. Si bien el oficialismo accedió a reducir el número de emergencias a ser declaradas durante este período, una veintena de diputados de distintos bloques opositores -sin considerar al kirchnerismo y a la izquierda- insisten en su negativa a ceder atribuciones especiales al Poder Ejecutivo.
Uno de esos bloques es la Coalición Cívica. Con un encendido discurso, la legisladora Paula Oliveto Lago, adelantó que si bien su espacio acompañará “con muchas reservas” la Ley de Bases, aclaró que plantearán modificaciones y disidencia en muchos artículos y que no avalarán la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo. “Porque la CC no dejó sus convicciones en la puerta de este Congreso”, señaló.
Otro foco de conflicto es el destino del impuesto PAIS. La bancada liderada por Miguel Ángel Pichetto, con lazos concretos con siete gobernadores, insistirá en reincorporar el artículo que el oficialismo había eliminado del dictamen, el cual aclaraba que la vigencia de este artículo se extiende hasta diciembre de 2024. Los legisladores de Hacemos Coalición Federal insistirán en que su recaudación se coparticipe en un 30% a las provincias.
“No vamos a permitir que el único ajuste que se hace se haga a espaldas de las provincias y municipios -planteó el diputado Nicolás Massot-. No puede ser que la única idea (del Gobierno) sea no transferir recursos a las provincias, como el Fondo de Incentivo Docente o recursos para obras públicas. Que se aumenten dos impuestos (retenciones y el impuesto PAIS) que encima no se coparticipan es una avivada difícil de dejar pasar. No tenemos por qué tolerar que el único esfuerzo fiscal sea a costa de las provincias”.
