La Justicia fijó una audiencia para definir cómo serán las restricciones de visitas a Cristina Kirchner, mientras cumple la prisión domiciliaria en su departamento ubicado en la calle San José al 1111, en el barrio de Constitución.
Según pudo saber, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. Hornos y Diego G. Barroetaveña, determinó que la misma será el 7 de julio a las 12:00 horas.
La defensa de la exmandataria presentó un recurso ante la Cámara Casación Penal en contra de la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2, que dispuso el límite de acceso a su propiedad a familiares, abogados y médicos. Además, también le exigió una lista de las personas que se encontraran autorizadas a visitarla.
Para los abogados de Cristina Kirchner, la regla impuesta por el tribunal resulta incompatible con el derecho a la vida familiar y social de su representada. Por este motivo, también impugnaron la medida de colocarle una tobillera electrónica para garantizar el cumplimiento de la prisión domiciliaria, aunque este punto aún no fue elevado a Casación.
El 17 de junio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a seis años de cárcel por la causa Vialidad. De esta manera, se dispuso que la expresidenta cumpla su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución.
En este contexto, 44 diputados y 30 senadores nacionales, junto a más de 700 ciudadanos pidieron la autorización judicial para poder visitar a Cristina Kirchner en su propiedad.
En la audiencia del 7 de julio, las partes expondrán sus argumentos para que los integrantes de la Sala IV puedan tomar su decisión. A partir de ese día, el plazo para la resolución será de 5 días.
Por otra parte, aún está vigente el plazo para que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola presenten un recurso para rechazar la concesión de la domiciliaria a la exmandataria.
Entre los argumentos de los funcionarios para rechazar esta modalidad, detallaron que no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional.
