El juez federal Sebastián Casanello inició una investigación para determinar si hay un ataque coordinado en redes sociales contra Victoria Villarruel, vicepresidenta del Senado, quien viene denunciando hostigamiento y amenazas de muerte desde el año pasado. La investigación se centra en publicaciones de tuiteros vinculados al oficialismo, incluyendo a Nicolás Márquez y la diputada Lilia Lemoine, señalados por Villarruel como posibles responsables de intimidaciones en línea.
La pesquisa encomendada a la División Ciberpatrullaje de la Policía Federal busca analizar los mensajes difundidos, identificar a los usuarios implicados y establecer si existe coordinación entre ellos para realizar acciones de hostigamiento o presión política. El magistrado consideró que el caso podría constituir violencia de género en el ámbito digital y destacó la necesidad de evaluar los hechos en conjunto, sin segmentarlos según la tipificación de cada mensaje.
Villarruel había presentado una denuncia en agosto del año pasado, alertando sobre amenazas y calumnias que incluían mensajes que podrían ser constitutivos de delitos contra el orden constitucional. Algunos tuits señalaban expresamente amenazas de muerte, mientras que otros se encuadraban como injurias o calumnias. Casanello enfatizó que la investigación debe abordar el fenómeno de manera integral para garantizar eficacia en la búsqueda de la verdad.
El trasfondo político y social del caso incluye tensiones previas entre Villarruel y sectores de la Casa Rosada. La vicepresidenta había cuestionado públicamente al presidente Javier Milei y sus allegados, lo que, según su denuncia, habría derivado en campañas de hostigamiento digital. La pesquisa también analizará la relación entre los usuarios denunciados y posibles intentos de coordinación en sus ataques.
Este caso subraya la complejidad de investigar la violencia de género y el hostigamiento en redes sociales en un contexto político, y pone el foco en la necesidad de equilibrar la libertad de expresión con la protección de los funcionarios públicos frente a amenazas y acoso sistemático.
