La situación judicial de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo en los últimos días, luego de que la Justicia federal avanzara con distintas medidas para analizar la evolución de su patrimonio y el origen de diversos bienes y movimientos financieros registrados durante los últimos años.
La investigación principal es llevada adelante por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes aguardan informes técnicos que permitan determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por el actual jefe de Gabinete y el crecimiento de su patrimonio.
Entre los aspectos bajo análisis figuran propiedades inmobiliarias, operaciones bancarias, deudas, gastos personales y viajes realizados tanto dentro como fuera del país. Los investigadores también buscan establecer el origen de fondos utilizados para la adquisición y remodelación de inmuebles, así como la compra de vehículos y otras inversiones.
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Según trascendió, uno de los puntos centrales de la causa está vinculado a presuntas inconsistencias detectadas en determinados períodos patrimoniales. Una vez finalizados los informes económicos y financieros, la Fiscalía evaluará los pasos a seguir y podría requerir explicaciones formales al funcionario.
En paralelo, otro expediente judicial examina movimientos relacionados con activos digitales y criptomonedas. La pesquisa intenta determinar el alcance de las operaciones realizadas y si existen tenencias o transacciones que deban ser incorporadas al análisis patrimonial.
Además, la Justicia investiga un viaje realizado a Punta del Este en un avión privado y posibles vínculos con personas y empresas que también aparecen mencionadas en la causa. Ese expediente analiza si existieron beneficios incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Fuentes judiciales señalaron que las próximas semanas serán determinantes para el avance de ambas investigaciones, ya que se esperan informes técnicos considerados clave para definir nuevas medidas procesales.
Mientras tanto, Adorni continúa desempeñando sus funciones en el Gobierno nacional, en medio de un escenario marcado por el seguimiento judicial de sus actividades financieras y patrimoniales.
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