El Gobierno nacional cruzó con dureza a las autoridades del Reino Unido y ratificó de forma categórica la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. A través de un comunicado oficial, el canciller Pablo Quirno respondió a las recientes declaraciones de funcionarios británicos y remarcó que la ocupación iniciada en 1833 constituyó un acto de fuerza contrario al derecho internacional que vulneró la integridad territorial del país.
Este nuevo choque diplomático se desencadenó luego de que trascendiera un fuerte respaldo del gobierno de Estados Unidos al reclamo argentino sobre el archipiélago. El presidente Javier Milei se sumó de inmediato a la postura de la Cancillería y compartió el mensaje oficial en sus redes sociales, sentenciando que las islas "fueron, son y serán argentinas".
Rechazo a la autodeterminación isleña
En su exposición, Quirno desestimó el histórico argumento británico sobre el principio de libre determinación de los pueblos. El ministro subrayó que las Naciones Unidas nunca reconocieron a los actuales habitantes de las Islas Malvinas como un pueblo con ese derecho. El Gobierno considera inaceptable que una población implantada por la potencia ocupante actúe como árbitro en una disputa territorial, quitándole toda validez al referéndum realizado en el año 2013.
El documento oficial también cita la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, la cual reconoce la existencia de la disputa e insta a ambas naciones a resolverla mediante negociaciones bilaterales. Este llamado cuenta con el respaldo de múltiples foros internacionales, incluyendo la OEA, el Mercosur y la CELAC.
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Explotación ilegal de recursosEl conflicto no se limita únicamente al plano territorial. La Cancillería denunció las actividades ilegales de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables en la zona. El Gobierno apuntó directamente contra la decisión de inversión anunciada por las licenciatarias Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Lp para el desarrollo del yacimiento petrolero "Sea Lion", acusándolas de desconocer los derechos argentinos y violar las resoluciones vigentes.
A pesar de la escalada verbal, el Ejecutivo ratificó su disposición a reanudar de forma inmediata las negociaciones bilaterales con Gran Bretaña para encontrar una solución pacífica y definitiva que ponga fin a la situación colonial en el Atlántico Sur.