La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia comenzara a analizar si incurrió en una posible omisión maliciosa al rectificar su declaración jurada patrimonial e incorporar bienes que no habían sido informados previamente.
La investigación es encabezada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien intenta establecer si los activos declarados de manera tardía fueron excluidos deliberadamente de las presentaciones originales o si se trató de un error administrativo, tal como sostiene el entorno del funcionario.
El caso se originó luego de que Adorni reconociera la existencia de fondos y bienes que no figuraban en sus declaraciones iniciales. Tras ello, presentó documentación complementaria para incorporar activos valuados en más de medio millón de dólares.
Según explicaron fuentes judiciales, la causa podría avanzar bajo dos líneas de investigación. Por un lado, el presunto enriquecimiento ilícito, que busca determinar si hubo un incremento patrimonial injustificado. Por otro, la figura de omisión maliciosa, contemplada en la Ley de Ética Pública para quienes oculten información patrimonial obligatoria.
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En este último caso, la Justicia deberá determinar si la falta de inclusión de esos bienes fue intencional. La eventual sanción contempla penas de prisión e incluso la inhabilitación para ejercer cargos públicos en caso de una condena firme.
Como parte de las medidas de prueba, el fiscal solicitó acceso completo a las declaraciones juradas correspondientes a 2025 y a todas las rectificaciones presentadas por el funcionario. Además, se ordenaron cruces de información patrimonial y financiera para reconstruir el origen de los fondos.
Uno de los aspectos centrales de la investigación apunta a las inversiones en criptomonedas declaradas por Adorni. Los peritos buscarán verificar si los ingresos que percibía en los años en que asegura haber realizado esas operaciones resultan compatibles con los montos invertidos y con la evolución posterior de esos activos digitales.
Desde la defensa del jefe de Gabinete sostienen que los bienes cuestionados provienen de operaciones comerciales legales realizadas antes de su ingreso a la función pública y de ahorros familiares acumulados junto a su esposa.
Mientras tanto, la causa continúa avanzando y la Justicia deberá definir si las inconsistencias detectadas responden a simples errores administrativos o si constituyen una conducta con relevancia penal.
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