El próximo martes 30 de abril volverán a verse las caras los funcionarios del Gobierno nacional y las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de las universidades públicas. Será el primer encuentro tras la Marcha Federal Universitaria, que movilizó cientos de miles de personas –los organizadores estimaron un millón– en las principales ciudades de todo el país, con epicentro en la Plaza de Mayo y sus alrededores.
La reunión fue convocada desde la Secretaría de Educación y, a diferencia de los encuentros anteriores, esta vez participará la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cuya presencia habían pidiendo los rectores. También estará Carlos Torrendell, secretario de Educación. Desde la Secretaría no confirmaron ni desmintieron la presencia del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien quedó en el ojo de la tormenta por su tono abiertamente confrontativo con las universidades, tanto en las redes sociales como en el último plenario de rectores en la UNSAM.
Fuentes de la Secretaría de Educación aseguraron al medio Infobae que quieren darle “previsibilidad” al financiamiento de la educación superior, tal como lo vienen reclamando los rectores de las 58 universidades nacionales. También confirmaron que en mayo habrá un aumento del 70% en los gastos de funcionamiento (que representan alrededor del 10% del presupuesto universitario, dado que el 90% va a salarios), y prometieron que sostendrán el financiamiento de los hospitales universitarios.
A la vez, reconocieron que los salarios de docentes y no docentes están atrasados con respecto a la inflación –desde la UBA estiman una pérdida del 35% desde diciembre de 2023– y también se encuentran 15 puntos por debajo de la evolución del salario de los empleados estatales. Las paritarias con los gremios universitarios se realizan todos los meses pero sin llegar a acuerdos.
Con los sueldos docentes y no docentes congelados en diciembre y enero –meses en los que la inflación alcanzó niveles récord–, hubo un 16% de aumento en febrero (de los cuales un 10% correspondía a la paritaria de 2023) y un 12% en marzo. En abril, el Frente Sindical de Universidades (FSU) rechazó la propuesta de 8% de aumento, en la misma semana en que se conocieron elevados incrementos salariales con fondos públicos para funcionarios del Poder Ejecutivo y en la Cámara de Senadores.
Desde la Secretaría de Educación confirmaron, en línea con lo que ha afirmado públicamente Torrendell desde el inicio de su gestión, la voluntad de reconstruir la confianza con las universidades. En ese sentido, no se mostraron demasiado entusiasmados con iniciativas como la creación de una cuenta oficial de correo electrónico para que los estudiantes denuncien a sus docentes por “adoctrinamiento”, tal como lo promovía el subsecretario Álvarez. Sin embargo, subrayaron que las diferencias entre Torrendell y Álvarez son más de formas que de fondo.
Este jueves, el CIN emitió un comunicado en el que cuestionó al secretario Torrendell por haber participado de una entrevista con LN+ en la que se difundieron informes periodísticos que exponían supuestas irregularidades en el manejo de fondos en algunas universidades. “En lugar de buscar respuestas a un problema de financiamiento acuciante que las autoridades nacionales saben que es real y existe, pareciera perseguirse el objetivo de desinformar para confundir y desprestigiar nuestras instituciones para, así, justificar su desfinanciamiento”, señalaron los rectores.
Desde la Secretaría de Educación enfatizaron que las afirmaciones cuestionadas en el comunicado fueron dichas por los periodistas y no por el funcionario, y ratificaron la voluntad de retomar el diálogo. También el CIN confirmó el jueves su “vocación de construir siempre los consensos que permitan resolver (los problemas), pero sobre la base del respeto, el diálogo y el reconocimiento de la diversidad y la pluralidad de ideas, bases de la convivencia en una sociedad democrática”.
En el Palacio Pizzurno reconocen el impacto de la Marcha Federal Universitaria, aunque cuestionan algunas acciones de la Universidad de Buenos Aires (UBA), como haber apagado las luces en los pasillos y halls en algunas facultades y haber restringido el uso de ascensores cuando, según el Gobierno, “ninguna universidad se iba a quedar sin poder pagar la luz”.
Desde el CIN también le recordaron al Gobierno la magnitud de la marcha universitaria: “El mensaje de la sociedad argentina ha sido contundente. A lo largo y a lo ancho del país nos indicó que debemos cuidar la educación y la universidad pública, constitutivas de la identidad nacional y herramientas que el país necesita para solucionar todos sus problemas estructurales”.
