Tras intensas negociaciones y la amenaza de convocar a una sesión sin contar con los votos de la oposición dialoguista, el Gobierno ha cedido y realizado alrededor de 100 cambios en la “ley ómnibus”. El ministro del Interior, Guillermo Francos, el estratega libertario Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lideraron reuniones con distintos bloques opositores, obteniendo finalmente la aprobación de modificaciones sustanciales.
Entre los cambios más destacados se encuentran:
-Emergencia con plazo reducido:
Se limita el plazo de vigencia de la emergencia de 4 años (2 prorrogables por otros 2) a 2 años (1 año + 1 año prorrogable por el Poder Ejecutivo).
Áreas de emergencia:
Se elimina la declaración de emergencia en las áreas de Defensa, Social y Sanitaria.
-Delegación de poderes:
Se limita el ámbito de aplicación solo al Sector Público incluido en el Art. 8 de la ley 24.156. Se elimina a las entidades con participación concurrente minoritaria del ámbito de aplicación.
-Hidrocarburos:
Se eliminan menciones a “empresas estatales” y la obligación de vender al “export parity”.
Se establecen requisitos para la solicitud de reconversión de convencional a no convencional.
Se mantiene la facultad de las provincias de controlar el plan de inversiones.
-Pesca:
Se mantiene la obligación de desembarcar en Argentina.
Se aclara que el sistema de licitaciones no será internacional.
-Energía eléctrica:
Aclaración en las bases de delegación del mantenimiento en la cuestión tarifaria de los principios tarifarios de las leyes 24.065 y 24.076.
-Biocombustibles:
Se fija un plazo de 18 años para que las mezclas con combustibles fósiles sean producidas en instalaciones situadas en la República Argentina.
Se establece un régimen de porcentaje obligatorios en volumen.
-Capital Humano:
Se aclara que la participación de egresados de carreras técnicas y de grado como docente será solo para secundario y nivel Superior. A su vez, se incluye la necesidad de acreditar o iniciar una formación pedagógica.
Se incluye la obligación de implementar la cédula escolar del Sinide.
Se establece que la primera autoevaluación deberá ser a los 6 años (universidades).
Se mejoran los criterios para el financiamiento de universidades en base a comentarios y sugerencias de la oposición.
Ley Micaela: se amplía el alcance de la Ley con respecto al artículo enviado al Congreso.
-Cultura:
Se vuelve a incluir el mantenimiento de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica.
Se establece una garantía para que los recursos del Incaa, Inamu y Conabip se mantengan. Los recursos no podrán destinarse en más de un 20% a gastos generales y de funcionamiento interno.
Se trasladan todas las funciones del Instituto del Teatro a la Secretaría de Cultura.
Se mantiene el Fondo Nacional de las Artes. Se le pone un tope en gastos generales y funcionamiento interno.
Se eliminan los cambios del Conabip salvo lo relacionado con el financiamiento.
Se elimina la derogación del Título VI y V de la Ley 23.351.
Se derogan el inciso 2 del Artículo 12 y los artículos 19, 20, 7 y 100 de la ley 26.522.
-Salud pública:
Se elimina por completo el capítulo.
-Defensa de la competencia:
Se modifican las sanciones en base a la Ley vigente.
Se pone la barrera umbral para fusiones en 100 millones de Unidades de medida.
Se elimina la posibilidad de revisar operaciones ya concretadas y que están por debajo del umbral.
Se transforma el Tribunal de especialistas en una Comisión ad honorem.
Estos son solo algunos de los numerosos cambios implementados en respuesta a las demandas de la oposición. La decisión del Gobierno de ceder en varios puntos ha sido recibida con satisfacción por parte de los bloques dialoguistas, marcando un hito en las negociaciones políticas actuales.
