Rita Luna y Lucrecia Ávila, representantes gremiales del INTA en Santiago del Estero, participaron del ciclo "Actualidad Política" en Radio LV11, donde denunciaron recortes, amenazas de despidos masivos y una posible fusión ilegal con el INTI. También advirtieron sobre el peligro que implica este proceso para la soberanía agroalimentaria y el conocimiento científico del país.
Las delegadas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Rita Luna y Lucrecia Ávila, participaron en una entrevista radial donde expresaron su profunda preocupación por el proceso de ajuste, intervención y desmantelamiento que atraviesa el organismo. En diálogo con el programa Actualidad Política de Radio LV11, denunciaron una serie de decisiones impulsadas desde la presidencia y vicepresidencia del INTA, bajo conducción de Nicolás Bronzovich y Beatriz Giraudo, a quienes calificaron como ejecutores del plan de recorte del actual Gobierno nacional.
“El INTA está siendo arrinconado para modificar su estructura o fusionarse, bajo amenazas de despidos y cierres. Nos enfrentamos a un desguace total de una institución que tiene más de 70 años de historia”, sostuvo Luna, y señaló que tanto Bronzovich como Giraudo provienen de organizaciones vinculadas a la siembra directa, como AAPRESID, que responden a intereses del agronegocio.
Una estructura intervenida
Las delegadas explicaron que el INTA, por ley, funciona de forma autárquica y con un Consejo Directivo Nacional compuesto por diez miembros: tres representantes del Gobierno, dos del ámbito científico y cinco de entidades del sector agropecuario como Federación Agraria, Coninagro, CREA y la Sociedad Rural.
“Este Consejo ha sido históricamente clave en la definición de políticas y proyectos del INTA. Sin embargo, hoy se alineó con el gobierno nacional y avala el desmantelamiento de nuestra estructura. Hace un mes se oponían a Bronzovich, y ahora cambiaron su postura. No sabemos cuál fue el acuerdo o el beneficio que obtuvieron”, cuestionaron.
Uno de los cambios propuestos es una reestructuración de las áreas funcionales, que dejaría a la Dirección Nacional únicamente a cargo de las coordinaciones de Investigación, Extensión y Transferencia Estratégica, quitándole injerencia sobre el resto de las áreas operativas. “Esto implica una intervención encubierta que pone en riesgo el rol territorial del INTA”, denunciaron.
Despidos y cierres masivos
El ajuste anunciado contempla el despido de al menos 1.500 trabajadores y el cierre de más de 200 agencias de extensión rural en todo el país. En la provincia de Santiago del Estero, el INTA cuenta con presencia activa en localidades como Fernández, Frías, Quimilí y Bandera, donde realiza tareas de investigación, transferencia tecnológica y asistencia directa a productores.
“Cada agencia que se cierre dejará a su personal en disponibilidad por seis meses. Si no son reubicados, quedarán despedidos automáticamente según lo que establece el DNU vigente”, explicó Ávila. A esto se suma un plan de fusión con el INTI, que reduciría aún más la planta de trabajadores al eliminar funciones duplicadas.
“Estamos ante una situación ilegal, rayana con lo delictivo, que pone en riesgo no solo el empleo, sino el trabajo científico y tecnológico acumulado durante décadas”, advirtió Luna.
Riesgo para la soberanía agroalimentaria
Las delegadas subrayaron que el INTA no solo produce conocimiento, sino que cumple un rol estratégico en la soberanía agroalimentaria del país, al trabajar con pequeños, medianos y grandes productores en todo el territorio nacional.
“Desde las bolsas de semilla hasta la producción ganadera, apícola y hortícola, el INTA ha sido protagonista en el desarrollo agrícola nacional, incluyendo la promoción de la agricultura familiar y orgánica”, destacaron. “Si desmantelan esto, se pierde mucho más que puestos de trabajo: se pierde el saber, la ciencia y la conexión con el territorio”.
También alertaron sobre el interés inmobiliario en los campos experimentales que el INTA posee en distintas regiones del país. “Se los ve como un número, un bien a vender. Esto responde a un negocio de unos pocos, no a una visión de desarrollo federal ni sustentable”, denunciaron.
El impacto en las familias
Ávila se refirió al impacto humano que esta situación genera en las familias trabajadoras del INTA. “Al principio fue incertidumbre, ahora es una angustia creciente. Nadie sabe qué va a pasar, y eso afecta directamente a cientos de familias que dependen de estos puestos de trabajo para vivir y sostener sus comunidades”.
Ambas referentes reflexionaron con un llamado a la ciudadanía: “El INTA es del pueblo, no del gobierno de turno. Hay que defenderlo porque su desaparición sería un retroceso enorme para la producción, la ciencia y la soberanía del país”.
“Tenemos una presidencia y una vicepresidencia del INTA que provienen de organizaciones del sector privado, como Aapresid, ligadas a la siembra directa. Están arrinconando al INTA con una reestructuración que implica despidos masivos y cierre de agencias”, explicó Rita Luna al inicio de la entrevista. Se refirió a Nicolás Bronzovich y Beatriz Giraudo como las figuras designadas políticamente para ejecutar estos cambios, que incluyen un plan de fusión con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), impulsado por el asesor presidencial Federico Sturzenegger.
Una estructura en peligro
Luna detalló que el INTA cuenta con más de 6.400 trabajadores distribuidos en todo el país, incluyendo investigadores, técnicos extensionistas, personal de apoyo y administrativos. La posible reestructuración —aseguró— implicaría la desvinculación de al menos 1.500 personas y el cierre de más de 200 agencias de extensión, que son el vínculo directo entre el organismo y los pequeños y medianos productores rurales.
“El INTA tiene 70 años de trayectoria, con una ley autárquica que lo respalda. Sin embargo, hoy se encuentra bajo presión para reducir su estructura. Las direcciones regionales desaparecerían, y todo el control quedaría en manos de la presidencia y el consejo directivo, desplazando a los profesionales de carrera”, alertó.
“No es solo un trabajo, es un compromiso con la producción y el territorio”
El periodista Ariel Herrera destacó la constante presencia del INTA en actividades de capacitación, asistencia técnica y trabajo territorial. Consultadas sobre el impacto de su labor, las delegadas resaltaron que el organismo ha aportado soluciones clave en ganadería, apicultura, horticultura y desarrollo de tecnologías para toda la cadena agropecuaria, desde los agricultores familiares hasta los grandes productores.
“El trabajo del INTA parte de la investigación y se transforma en acción concreta a través de la extensión. Nos encontramos en zonas como Frías, Quimilí, Fernández, Bandera. Allí diagnosticamos necesidades junto a las comunidades y buscamos soluciones técnicas reales. El INTA está en todos los rincones del país, no desde una oficina, sino en contacto directo con la tierra y su gente”, remarcó Luna.
Asimismo, advirtió que los campos experimentales del INTA —como el que existe en Santiago del Estero— podrían ser objeto de especulación inmobiliaria: “Vemos un intento de vender estos espacios como negocios inmobiliarios para unos pocos. Es un atentado contra la soberanía de los territorios”.
Un consejo directivo en disputa
El consejo directivo del INTA, que integra diez representantes de organismos del agro —como la Sociedad Rural, Coninagro, Federación Agraria y universidades— también fue cuestionado por las delegadas. Luna señaló que, si bien hasta hace un mes ese consejo se oponía a las políticas de Bronzovich, recientemente cambió de postura. “No sabemos qué negociaciones hubo. Pero ahora acompañan decisiones que atentan contra el propio INTA”, indicó.
El impacto humano
Lucrecia Ávila puso énfasis en el aspecto más humano de la situación: “Hablamos del trabajo, de la ciencia, pero también de las familias. Lo que era incertidumbre ahora se transformó en angustia real. Nos preocupa qué va a pasar con nuestras compañeras y compañeros, con sus hijos, con sus vidas”.
Finalmente, ambas delegadas llamaron a la sociedad a defender al INTA como un patrimonio del país. “No es solo una cuestión laboral. Es una amenaza directa a la soberanía alimentaria y al conocimiento científico. Nos quieren reducir a la mínima expresión o fusionarnos para justificar despidos. El INTA no puede desaparecer”, concluyeron.
