Ya pasaron las Primarias, que dejaron un resultado que también impactó políticamente en parlamento, y este miércoles la tensión ya vuelve a Diputados. La oposición busca tratar en la Cámara Baja las reformas de la Ley de Alquileres, aunque un sector presiona lisa y llanamente por la derogación, a sabiendas de que no tiene los votos. Si bien el quorum se logró hay diferencias dentro de la oposición. El oficialismo defiende la norma. El debate supondrá, sobre todo, señales políticas, explicadas en gran medida por lo que sucede fuera del Congreso. Hay final abierto sobre el resultado, pero todos esperan un recinto caliente.
La coalición opositora sienta a 115 diputados (de los 117 del interbloque no están por lo menos Gustavo Santos del PRO, que renunció a su banca y debe ser reemplazado pero ya con la sesión abierta, y el radical Gerardo Cipolini, que se encuentra en Italia desde hace 20 días, indican en la UCR, porque su hija vive allá y se encuentra delicada de salud).
A esos 115 se suman los bloques que firmaron el pedido de sesión: 8 del Interbloque Federal (3 peronistas cordobeses, 3 bonaerenses y 2 socialistas), 3 de Provincias Unidas (2 rionegrinos y uno de los dos misioneros, porque uno de ellos está enfermo) y Felipe Álvarez, del bloque SER, hasta ahora larretista. Hasta ahí, hay 127. Javier Milei también había firmado el pedido de sesión y comanda un bloque de 3 diputados.
La sesión fue citada para tratar todos los dictámenes y proyectos vinculados con la Ley de Alquileres, norma cuestionada desde el momento mismo de su sanción hace tres años, apoyada originalmente por casi todo el arco político. Y existen, para empezar, dos proyectos con dictamen de comisión para reformar la ley.
Uno oficialista, que no plantea grandes modificaciones y sobre todo promueve incentivos para ampliar la oferta de alquileres. Otro apoyado por JxC y parcialmente por los bloques independientes, claves, siempre, para poder llegar al quorum, plantea reducir de 3 a 2 años el plazo mínimo de los contratos, eliminar el ajuste anual y que pase a ser entre los 3 y 12 meses, con mecanismo a acordar por las partes.
Ahora, tras las elecciones, la devaluación y la inevitable aceleración de la inflación, en JxC empezó a tomar fuerza la idea de avanzar directamente con la derogación. Pero la derogación, como no tiene dictamen de comisión a diferencia de los otros dos, requeriría una mayoría de dos tercios que nadie puede conseguir en el recinto en las condiciones actuales.
Entonces, una parte del ala dura de JxC empezó a plantear la necesidad de modificar el dictamen opositor y directamente eliminar el artículo que establece los plazos y la forma de actualización de los contratos. Pero, en los bloques intermedios como el Interbloque Federal y Provincias Unidas, pudo averiguar TN, sostenían hasta este miércoles una actualización cada 6 meses, con un mecanismo de 50% por la evolución de los salarios y 50% por inflación de Indec.
