Buenos Aires, Argentina - Tras el cierre de listas, la Cámara de Diputados se prepara para llevar a cabo una sesión este miércoles con una agenda acordada entre el oficialismo y la oposición, en la que destaca el proyecto de ley para brindar una solución a los tomadores de Créditos UVA. El objetivo tanto del Frente de Todos como de al menos un sector de Juntos por el Cambio es lograr la media sanción de la iniciativa, que fue dictaminada semanas atrás, y enviarla al Senado.
Desde la oposición han calificado los temas a tratar como "no conflictivos", refiriéndose a la agenda de la sesión convocada por el oficialismo luego de semanas de parálisis. La última vez que se llevó a cabo un debate en la Cámara baja fue el 19 de abril, dejando de lado la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete Agustín Rossi a mediados de junio.
Con el fin de romper con esta inactividad legislativa, el Frente de Todos busca avanzar con el proyecto que ofrece un sistema de cobertura para los deudores de hipotecas otorgadas con cláusula de ajuste por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) y Unidades de Vivienda (UVI), destinadas a vivienda única familiar y de ocupación permanente.
Sin embargo, surge la duda de si el oficialismo logrará los votos necesarios para imponer el dictamen que firmó junto al radicalismo. El debate en torno a los créditos impulsados durante el gobierno de Mauricio Macri ha generado divisiones dentro de Juntos por el Cambio, y se espera que la coalición opositora permita la libertad de acción en el momento de la votación, al igual que ocurrió durante el debate en comisión.
En esa instancia, los miembros de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda del interbloque se separaron de los integrantes de la Unión Cívica Radical (UCR). Algunos acompañaron el dictamen de minoría presentado por Martín Tetaz, diputado por la ciudad de Buenos Aires, mientras que otros optaron por la abstención. Entre estos últimos se encuentra Alejandro Cacace, representante de San Luis, quien alegó "conflicto de intereses" por ser tomador de un crédito UVA.
En cuanto a los dictámenes sobre los Créditos UVA, a grandes rasgos, el del oficialismo y la UCR, con disidencia parcial de este último, propone un sistema de cobertura mediante el cálculo de los saldos adeudados ajustados por un índice actualizable según el Ripte. Durante los meses en los que el Ripte esté por encima del IPC, los deudores pagarán siempre el índice más bajo. El proyecto establece que la cuota a pagar no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores y permite la deducción anual de hasta tres salarios mínimos para aquellos alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. Además, los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente. Se propone la creación de un fondo fiduciario.
Además, prevé la creación de un fondo fiduciario de compensación para cubrir los "descalces" entre el salario y los UVA/UVI. Este fondo sería financiado mediante aportes de los bancos y un seguro que deberán pagar los nuevos tomadores de este tipo de créditos.
Otra novedad del proyecto es la suspensión por un año de los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos y cualquier medida preventiva y/o cautelar contra los deudores. Los radicales también expresaron disidencia en este tema, argumentando que no sería una solución adecuada al problema actual, ya que no existe.
Por otro lado, el dictamen impulsado por Martín Tetaz, con algunas disidencias parciales por otros diputados de Juntos por el Cambio, no contempla la suspensión de los desalojos, en línea con la postura del bloque UCR. Además, se diferencia del dictamen mayoritario al considerar que "se encamina a diluir el crédito" otorgado a cerca de 100.000 personas, así como el fondo de compensación, al establecer que se tomará el índice más bajo entre el Ripte y el IPC.
Además del tema de los créditos UVA, durante la sesión de Diputados se debatirán otros proyectos consensuados. Entre ellos se encuentra el proyecto de promoción de la producción orgánica, que contempla una serie de beneficios fiscales para el sector. También se discutirá la modificación de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, con la incorporación de la figura de violencia de género digital.
Asimismo, se busca aprobar el Plan de refinanciación de deudas de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa). Por último, se pretende convertir en ley el régimen previsional diferencial para brigadistas de incendios forestales o rurales, beneficiando a aproximadamente 900 personas.
